La escuela pública dominicana no puede ser vista únicamente como un espacio de enseñanza académica. Hoy, más que nunca, debe ser también un lugar donde se garantice la protección física y emocional de estudiantes, maestros, personal administrativo y toda la comunidad educativa.
El país ha sido testigo de situaciones preocupantes dentro de centros escolares: agresiones contra docentes, conflictos entre estudiantes y episodios de violencia que ponen en evidencia una realidad que no podemos seguir ignorando. Dentro de las escuelas públicas hace falta un cuerpo de seguridad preparado, permanente y con capacidad de intervención.
Es cierto que existe la Policía Escolar, cuya labor ha sido importante en la vigilancia del perímetro, la entrada, la salida y los alrededores de los centros educativos. Sin embargo, la seguridad externa no resuelve los conflictos que ocurren dentro de las aulas, en los pasillos, en los patios o en cualquier otro espacio interno del plantel. Cuando se produce una agresión, una amenaza contra un maestro o una situación que pone en riesgo la integridad de otros, no puede pretenderse que sean los propios profesores quienes asuman el papel de agentes de seguridad.
El maestro está para enseñar, orientar, formar y acompañar. No está para exponerse físicamente en medio de conflictos violentos ni para sustituir funciones que corresponden a personal especializado. Obligar, directa o indirectamente, a los docentes a actuar como vigilantes internos es injusto, peligroso y contraproducente.
Por eso resulta necesario plantear, con seriedad y responsabilidad, la creación de un cuerpo de seguridad interna en las escuelas públicas dominicanas. No se trata de militarizar la educación ni de convertir los centros escolares en espacios de represión. Se trata de establecer un mecanismo profesional, preventivo y humano, que permita proteger a quienes enseñan y a quienes aprenden.
Este cuerpo de seguridad podría funcionar mediante la contratación de empresas privadas debidamente reguladas, con personal calificado, evaluado, entrenado y equipado para trabajar en ambientes escolares. No cualquier seguridad privada sirve para una escuela. El personal asignado debe tener formación en manejo de conflictos, protección de menores, primeros auxilios, mediación, disciplina preventiva, control de acceso interno y actuación proporcional ante situaciones de riesgo.
Algunos podrían preguntarse por qué recurrir a seguridad privada si ya contamos con una Policía Escolar. La respuesta es sencilla: la Policía Nacional tiene responsabilidades amplias y permanentes en materia de seguridad ciudadana, que deben seguir siendo su prioridad. De hecho, aunque el cuerpo del orden cuenta con más de 43,000 agentes activos a nivel nacional, sus tareas abarcan todo el territorio y múltiples áreas de intervención.
La República Dominicana cuenta con cerca de 8,000 centros educativos públicos. Si se dispusiera colocar al menos dos agentes policiales por plantel para labores internas, estaríamos hablando de aproximadamente 16,000 efectivos dedicados exclusivamente a esa función. Esa carga resultaría poco realista para una institución que ya tiene enormes responsabilidades en la prevención del delito, el patrullaje y la seguridad ciudadana.
Por eso, la seguridad interna contratada mediante empresas privadas ofrece ventajas prácticas: mayor agilidad en el reclutamiento, posibilidad de especialización del personal y capacidad de adaptación a las necesidades particulares de cada centro educativo. Todo esto, naturalmente, bajo la regulación, supervisión y protocolos establecidos por el Ministerio de Educación y las autoridades competentes.
El Ministerio de Educación cuenta con uno de los presupuestos más importantes del Estado dominicano. En ese sentido, destinar una partida específica para la seguridad interna de los centros educativos no debe verse como un gasto adicional, sino como una inversión en orden, protección y calidad educativa. No puede haber aprendizaje real en un ambiente donde el maestro se siente desprotegido y el estudiante vulnerable.
Esta medida podría implementarse de manera progresiva, iniciando por los centros de mayor matrícula, aquellos ubicados en zonas de mayor vulnerabilidad social o donde se hayan registrado incidentes recurrentes. Posteriormente, el modelo podría extenderse a todo el sistema público, con protocolos claros y supervisión directa del Ministerio de Educación.
La seguridad interna escolar no debe actuar de forma aislada. Debe integrarse con los directores de centros, orientadores, psicólogos escolares, asociaciones de padres, Policía Escolar y autoridades educativas. Su función principal debe ser preventiva, no represiva. La presencia de personal capacitado puede evitar que pequeños conflictos escalen hasta convertirse en situaciones lamentables.
Sería oportuno que nuestros legisladores, las autoridades educativas y la sociedad dominicana aborden este tema con la seriedad que merece. La seguridad dentro de las escuelas públicas es una preocupación legítima de miles de familias que confían sus hijos al sistema educativo nacional.
Proteger al maestro es proteger la educación. Proteger al estudiante es proteger el futuro. Y proteger la escuela pública es defender uno de los pilares fundamentales de la sociedad dominicana.
Por: Mesac Díaz
Economista