17045154703369
El Ministerio Público informó que está preparado para presentar su caso en el juicio contra Wander Samuel Franco Aybar y la madre de una adolescente, quienes están acusados de delitos sexuales y financieros relacionados con la explotación de menores.
Franco Aybar enfrenta cargos por abuso sexual infantil, mientras que la madre de la víctima está acusada de explotación sexual y lavado de activos. Las autoridades han reservado la identidad de la adolescente para protegerla.
Según la acusación formal, Franco mantuvo a la menor retenida durante varios días con fines sexuales en Villa Montellano, Puerto Plata. Además, se alega que transfirió grandes sumas de dinero a la madre de la víctima como una forma de evitar ser denunciado. Según la investigación, ese dinero fue supuestamente utilizado para adquirir bienes y propiedades.
El fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez, responsable del componente financiero de la acusación, es parte del equipo de litigación que defenderá la postura del Ministerio Público ante el tribunal. “Confiamos en la solidez y legalidad de las pruebas para lograr una condena”, aseguró.
La investigación fue dirigida por el fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan, y la procuradora de corte, Ramona Nova, quien encabeza la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos. Ambos sostienen que se han reunido elementos probatorios sólidos que comprometen penalmente a los dos acusados.
El juicio comenzará el lunes 2 de junio en el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata, donde se procederá con la lectura formal de la acusación.
El expediente contra Franco Aybar menciona violaciones al Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), específicamente en los artículos 25, 396 (literales B y C), 409 y 410, así como en los artículos 265, 266 y 331 del Código Penal, y en el artículo 3 de la Ley 137-03 sobre trata de personas.
En el caso de la madre, el Ministerio Público también la acusa en virtud de múltiples disposiciones de la Ley 136-03 y la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, además de artículos del Código Penal y de la Ley 137-03.