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Las autoridades turcas han impuesto este jueves sanciones y multas a tres canales de televisión turcos, incluida la suspensión durante 10 días de las emisiones de la cadena Halk TV, cercana a la oposición socialdemócrata, por la opinión de un tertuliano.
El Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía (RTÜK), el organismo que vigila las emisiones audiovisuales, sancionó con multas a las cadenas Halk TV, Tele1 y Sözcü TV por las opiniones expresadas por participantes en sus programas de debate.
Esas emisoras deberán pagar una cuantía equivalente al 3 % de los ingresos publicitarios que han recaudado, indicó el organismo sin especificar el periodo de recaudación que tendrá en cuenta.
Las opiniones, críticas con el partido islamista AKP, que gobierna Turquía desde 2002 y fue fundado por el actual presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, constituyen «una falta de respeto y una humillación más allá de la crítica legítima», o incluso una «incitación al odio», consideró RTÜK.
En el caso de Halk TV, la suspensión de 10 días se debe a la opinión de un tertuliano quien había asegurado que «Turquía no se vuelve más religiosa sino más dividida entre corrientes religiosas», señaló Ilhan Tasçi, miembro de RTÜK por el partido opositor CHP.
En su comunicado, difundido en su cuenta en X, Tasçi considera que este organismo oficial «sacude una espada» sobre las emisoras críticas y advierte del peligro de que se les retire incluso completamente la licencia.
Las multas de RTÜK a las tres emisoras citadas, las más críticas con el Gobierno, son frecuentes en los últimos años y según los responsables de estas cadenas pueden amenazar la supervivencia económica de estos medios.
En mayo pasado, la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) colocó a Turquía en el puesto 159 del total de 180 en su clasificación de la libertad de expresión, asegurando que para el Gobierno turco «todos los recursos valen para debilitar» a los medios más críticos.
«RTÜK contribuye a debilitar a las cadenas críticas imponiéndoles multas astronómicas» en un escenario en el que «el 90 % de los medios nacionales están controlados por el poder», según RSF.