El abogado Rafael Linares afirmó que el cierre provisional de la oficina de la DEA en República Dominicana debe analizarse en el contexto de fallas en el manejo de extradiciones, presuntas irregularidades institucionales y el incremento del consumo de drogas a nivel global.
Durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, Linares sostuvo que la investigación en torno a la agencia estadounidense no es un hecho aislado y que podría tener implicaciones en la política antidrogas del país, al considerar que existe una investigación federal abierta con efectos potenciales en la cooperación bilateral.
El jurista alertó que, según datos del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el consumo de estupefacientes ha aumentado un 6 % en el mundo, alcanzando a unos 316 millones de personas entre 15 y 65 años. A su juicio, este fenómeno convierte el narcotráfico en un problema de salud pública y seguridad que requiere acciones coordinadas entre los Estados.
Linares también cuestionó la forma en que narcotraficantes dominicanos han sido enviados a Estados Unidos sin cumplir plenamente los procedimientos establecidos en la legislación y los tratados de extradición. Señaló que en varios casos los implicados habrían sido trasladados directamente, sin un proceso transparente de incautación de bienes ni documentación pública sobre las operaciones.
Entre sus observaciones, mencionó que algunos acusados se entregaron o fueron trasladados sin que se conociera el destino de sus propiedades o los resultados de investigaciones patrimoniales, lo que, según dijo, genera la percepción de impunidad y debilita la lucha contra el narcotráfico.
El abogado consideró que el cierre de la DEA marca “un antes y un después” en la estrategia antidrogas del país y exhortó a las autoridades a revisar los mecanismos de cooperación internacional, el proceso de extradiciones y la persecución de bienes vinculados al crimen organizado.
Asimismo, planteó que la situación obliga a replantear la política nacional en materia de drogas y fortalecer la coordinación con Estados Unidos para evitar que el narcotráfico continúe operando con ventajas estructurales. A su entender, la investigación en curso podría derivar en nuevas decisiones institucionales y judiciales en los próximos meses.