Puerto Rico. – Un gran jurado federal de Puerto Rico acusó a tres ciudadanos dominicanos por su presunta participación en una operación de tráfico ilícito de migrantes por vía marítima que terminó con el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Mona, el pasado 28 de septiembre, con saldo de tres muertos y 12 personas desaparecidas.
Los acusados fueron identificados como Máximo Alexander Castillo-Cabrera, Víctor Alfonso Montilla-Espíritu Santo y Danny De la Rosa-Mercedes, según informó la Fiscalía federal del Distrito de Puerto Rico.
De acuerdo con los documentos judiciales, Castillo-Cabrera y Montilla-Espíritu Santo son señalados de conspirar con otras personas para introducir ilegalmente extranjeros a Estados Unidos con fines de lucro.
La acusación sostiene que ambos conocían, o actuaron con indiferencia temeraria, respecto a que los migrantes no contaban con autorización para viajar, ingresar o permanecer legalmente en territorio estadounidense.
En el caso de De La Rosa-Mercedes, enfrenta un cargo adicional por presuntamente utilizar e intentar utilizar un machete para agredir a varias personas mientras se encontraba a bordo de la embarcación.
Según la Fiscalía, esa conducta puso en peligro la navegación segura de la embarcación y estuvo relacionada con una de las muertes ocurridas tras el naufragio.
Los tres acusados también enfrentan cargos por entrada ilegal de extranjeros a Estados Unidos.
Tras el naufragio, las autoridades rescataron a 49 ciudadanos extranjeros y recuperaron los cuerpos de tres hombres dominicanos. Otras 12 personas continúan desaparecidas.
En las labores de búsqueda y rescate participaron la Guardia Costera de Estados Unidos, las Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), unidades de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico y un ciudadano particular que acudió en auxilio de los afectados.
También participaron organismos de República Dominicana, de acuerdo con la Guardia Costera estadounidense.
La investigación está a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan, en coordinación con otras agencias federales y locales.
El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez-Carbó, señaló que el caso evidencia los riesgos de las operaciones de tráfico de migrantes por vía marítima.
Los acusados intentaron introducir ilegalmente a 64 migrantes en Puerto Rico”, afirmó el funcionario, al tiempo que vinculó la operación con la muerte de tres personas y la desaparición de otras 12.
El agente especial a cargo de HSI en San Juan, Yariel Ramos, también advirtió sobre los peligros de intentar llegar a Estados Unidos mediante este tipo de travesías.
Las penas dependerán de los cargos por los que eventualmente sean declarados culpables. La Fiscalía federal informó que la conspiración para introducir extranjeros con fines de lucro contempla penas de entre tres y 10 años de prisión.
En los casos de introducción ilegal de determinados extranjeros, cuando la conducta provoca una muerte, así como violencia contra la navegación marítima con resultado mortal, la legislación federal contempla como pena máxima la cadena perpetua o la pena de muerte.
Los cargos por entrada ilegal de extranjeros pueden conllevar hasta seis meses de prisión por cada delito.
La sentencia, de producirse una condena, será determinada por un juez federal, tomando en cuenta las Guías Federales de Sentencias y los demás factores establecidos por la legislación estadounidense.
El fiscal federal auxiliar Steven Liong Rodríguez está a cargo del procesamiento del caso.
La investigación permanece abierta y las autoridades estadounidenses buscan determinar la participación de otras personas en la organización y ejecución de la travesía.
La Fiscalía recordó que una acusación formal constituye únicamente una alegación y que los tres acusados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine su culpabilidad más allá de toda duda razonable.