La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto) afirmó que el principal reto para mejorar la seguridad vial en República Dominicana no radica en crear nuevas normativas, sino en hacer cumplir la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como garantizar que los cerca de cuatro millones de motociclistas cuenten con licencia de conducir y placas que permitan su identificación.
El presidente de Afamoto, Darío Lama, consideró que el país necesita fortalecer la fiscalización, aumentar la cantidad de agentes en las vías e implementar mecanismos de control más eficientes para identificar a quienes incumplen la legislación vigente.
“Somos una parte muy interesada en que se vendan motocicletas en el país, pero también estamos conscientes de que la situación de la violación de las leyes de tránsito, de los derechos de terceros por parte de motociclistas, está en un nivel caótico”, expresó Lama.
El dirigente indicó que la entidad ha propuesto a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) eliminar la denominada carta de ruta, utilizada durante años para circular sin placa tras la compra de una motocicleta, y reemplazarla por placas provisionales similares a las que utilizan los vehículos.
Asimismo, señaló que la DGII les informó que trabaja en la implementación de nuevas placas alfanuméricas, con mayor visibilidad y material reflectivo, para facilitar la identificación de las motocicletas mediante cámaras de vigilancia y otros sistemas tecnológicos.
Lama también propuso restablecer el pago anual del marbete para motocicletas, con el propósito de disponer de un registro más preciso del parque vehicular. Explicó que durante años se han emitido placas sin retirar del sistema las motocicletas destruidas, exportadas o fuera de circulación, lo que impide conocer la cantidad real de unidades activas.
Durante una entrevista concedida a Diario Libre, directivos de Afamoto destacaron además el impacto económico y social del sector. Según un estudio realizado por la organización a finales de 2024, en el país existen alrededor de 180,000 motoconchistas, cifra que en ese momento superaba la cantidad de empleados de las zonas francas.
El miembro de la junta directiva de Afamoto, Juan Carlos Andrade, afirmó que la motocicleta constituye una alternativa de movilidad para una parte importante de la población y sostuvo que el desafío consiste en organizar y regular el sector sin afectar un servicio del que dependen miles de familias.
Los directivos indicaron que solo en el Gran Santo Domingo los motoconchos movilizan diariamente a cerca de 1.5 millones de personas, sirviendo de enlace entre barrios y comunidades con sistemas de transporte masivo como el Metro de Santo Domingo, el Teleférico y los corredores de autobuses.
Lama agregó que el ingreso promedio de un motoconchista ronda los 55,000 pesos mensuales, por lo que consideró que se trata de un sector que merece atención de las autoridades por su aporte económico y su impacto en el sustento de numerosas familias.
Los representantes de Afamoto rechazaron las propuestas dirigidas a restringir la importación de motocicletas o prohibir el transporte de pasajeros en estos vehículos, al considerar que dichas medidas no solucionarían los problemas de tránsito y afectarían a millones de personas que utilizan este medio para desplazarse.
“El reto consiste en organizar y regular el sector, sin afectar un servicio esencial para miles de familias”, sostuvo Andrade.
Finalmente, Afamoto reiteró su respaldo al uso obligatorio del casco protector y llamó a reforzar la fiscalización mediante una mayor presencia de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), así como con las medidas de control que prevé implementar la DGII durante este año.