Escuche esto: en 2019, un joven podía alquilar una habitación en Santo Domingo por cinco o seis mil pesos. Hoy, ese mismo espacio, mal construido y con servicios deficientes, supera los diez mil. Los alquileres en el Gran Santo Domingo han subido hasta un 25 % en apenas un año, según la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias. Detrás de cada cifra hay una historia: María, que destina la mitad de su salario a la renta; Mary, que buscó apartamento durante un año y medio antes de encontrar algo que pudiera pagar.
A esta presión se suma un fenómeno silencioso: el alquiler de corta duración. Plataformas como Airbnb han convertido viviendas familiares en negocios turísticos. Muchos propietarios prefieren rentar por noche a rentar por año, porque los ingresos pueden superar con creces los del alquiler tradicional.
El resultado es menos oferta para las familias dominicanas y precios que se disparan, incluso dolarizados, en sectores como Gazcue y la Ciudad Colonial, donde ya se piden entre 400 y 750 dólares mensuales.
Nadie niega que el turismo, que aporta el 16 % del PIB, sea motor de nuestra economía, ni que miles de familias dependan de estos ingresos.
Por eso es una buena noticia que el Ministerio de Turismo impulse una consulta pública para regular el sector, con el respaldo de la propia Airbnb a un registro estatal. El equilibrio es posible: turismo sí, pero sin que los dominicanos pierdan el derecho a un techo digno en su propia ciudad.