El comunicador Ángel Martínez fue enviado a juicio de fondo por una querella de presunta difamación e injuria interpuesta por el empresario agrícola Arismendy Almonte, en un proceso judicial que se conoce en el municipio de Mao, provincia Valverde.
La acción judicial fue presentada luego de que Martínez difundiera declaraciones en las que supuestamente vinculaba a Almonte con un cártel mexicano del narcotráfico, señalamientos que el empresario considera perjudiciales para su honor y reputación.
A su salida del tribunal, la abogada del comunicador, Josefina Martínez, cuestionó la decisión de acoger la solicitud de apertura a juicio presentada por el Ministerio Público, a la que se adhirió la parte querellante, constituida en actor civil.
La jurista sostuvo que durante la audiencia planteó que no existía una formulación precisa de los cargos ni una descripción concreta de la pretensión probatoria de las pruebas ofertadas.
«Esperemos a que en el juicio el Tribunal verifique estas situaciones, toda vez que ya en el juicio la pretensión probatoria para la cual fueron ofertadas es lo único que podrá declarar el testigo que han ofertado», expresó.
La defensa indicó que el Ministerio Público presentó tres testigos, mientras que la parte querellante propuso como testigo al propio empresario.
Por su lado, Ángel Martínez manifestó que confía en el trabajo de su abogada y aseguró que continuará asistiendo a las audiencias correspondientes.
«Yo estoy aquí dando el frente y viniendo a cada audiencia, a lo que sea, porque estoy bien representado y me siento confiado de que la licenciada sabe lo que está haciendo», declaró.
El caso tiene como antecedente la imposición de medidas de coerción contra el comunicador en abril, consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y el pago de una garantía económica de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora.
En esa ocasión, Martínez cuestionó el monto de la garantía y afirmó que no contaba con los recursos para cubrirla.
El envío a juicio de fondo permitirá que el proceso avance a una etapa en la que serán conocidas las pruebas y los argumentos de las partes. La decisión no constituye una declaración de culpabilidad.