La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) advirtió que la eventual derogación del Decreto 693-24, sin implementar simultáneamente una estrategia para enfrentar sus efectos, podría poner en riesgo la producción de arroz y la seguridad alimentaria de República Dominicana.
El presidente de la ANPA, agrónomo Tito Hernández, sostuvo que los productores dominicanos no competirían en igualdad de condiciones con los agricultores de Estados Unidos, debido a las diferencias en escala, mecanización y mecanismos de respaldo estatal.
“Derogar el decreto sin un plan alternativo es decretar la muerte del sector arrocero dominicano. Estamos poniendo a competir dos agriculturas profundamente desiguales”, afirmó Hernández.
De acuerdo con las cifras ofrecidas por la organización, unos 5,500 productores estadounidenses cultivan entre 15 y 18 millones de tareas, con explotaciones de alrededor de 3,000 tareas por productor. En República Dominicana, cerca de 30,000 productores trabajan entre 2.8 y 3 millones de tareas, con un promedio cercano a las 100 tareas.
La organización señaló que los agricultores estadounidenses cuentan con programas de compensación ante caídas de precios, financiamiento, seguros agrícolas subsidiados y otros mecanismos de respaldo.
“No podemos mandar a un productor de 50 o 100 tareas a competir desprotegido contra productores de miles de tareas que cuentan, además, con una poderosa estructura de apoyo estatal”, sostuvo Hernández.
El dirigente recordó que el país dispuso de alrededor de 20 años para preparar su agricultura ante el proceso de apertura comercial establecido por el DR-CAFTA y consideró que las distintas administraciones no profundizaron suficientemente las transformaciones necesarias para reducir costos y mejorar la competitividad.
Ante este escenario, la ANPA reclamó una estrategia nacional que contemple financiamiento competitivo, seguros agrícolas, mecanización, tecnología, fortalecimiento de la pignoración, infraestructura y reducción de costos de producción.
Hernández advirtió que una pérdida de competitividad podría aumentar la dependencia de las importaciones y afectar la capacidad nacional de producir alimentos.