La cárcel de La Victoria se acerca a su cierre definitivo tras más de siete décadas marcadas por historias oscuras y episodios que quedaron grabados en la memoria de miles de reclusos. A lo largo de los años fue señalada como uno de los centros penitenciarios más críticos del país, mientras informes, denuncias y titulares nacionales coincidían en describirla como un espacio de violencia, abusos y degradación humana.
Durante décadas, este penal fue escenario de motines, fugas, corrupción interna, explotación sexual, torturas y muertes, convirtiéndose en un símbolo de abandono institucional y colapso del sistema penitenciario.
Inaugurada en 1952, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, La Victoria fue concebida inicialmente para albergar a criminales comunes, pero rápidamente comenzó a utilizarse para encarcelar opositores al régimen. Por sus celdas pasaron figuras emblemáticas de la resistencia, incluidos miembros del Movimiento 14 de Junio y otros perseguidos políticos.
El recinto fue diseñado para unos 1,700 internos. Con el paso del tiempo, pequeñas remodelaciones elevaron la capacidad a poco más de 2,100 personas. Sin embargo, la población penitenciaria siempre superó cualquier límite imaginable.
Durante años circulaban reportes y publicaciones nacionales alertando sobre su nivel de hacinamiento. En distintos períodos, llegó a albergar más de 8,000 privados de libertad en un espacio que no soportaba ni la mitad.
El Gobierno inauguró la primera etapa del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra, una infraestructura concebida para alojar a más de 2,400 internos. Con esta apertura inicial, ya en operación, se espera reducir la presión que registra el sistema penitenciario, especialmente en el antiguo penal de La Victoria.
En la ceremonia oficial, el ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, resaltó el significado de este proyecto y el esfuerzo institucional que conllevó alcanzar esta primera meta, pese a los desafíos técnicos y logísticos.
El presidente de la Comisión para el Seguimiento al Plan de Reforma Penitenciaria, Jorge Subero Isa, precisó que se trata de una entrega parcial del complejo, reiterando la continuidad de los trabajos previstos bajo el decreto presidencial que asigna la supervisión del proceso.
Mientras, el director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, destacó que el centro seguirá un modelo progresivo centrado en la formación, el trabajo y la disciplina como ejes de reinserción.