A menos de tres meses para su entrada en vigencia, el nuevo Código Penal de la República Dominicana enfrenta presiones para ser revisado en el Congreso Nacional, en medio de posiciones encontradas sobre el momento en que deben realizarse posibles modificaciones. La normativa está prevista para comenzar a aplicarse en agosto de 2026, tras haber sido promulgada en 2025.
El debate se reactivó luego de que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, considerara pertinente revisar la legislación antes de su implementación, en un contexto en el que distintos sectores han planteado observaciones sobre su contenido.
En el ámbito legislativo no existe consenso sobre cómo proceder. Algunos diputados, como Ramón Bueno y Amado Díaz, favorecen que la ley entre en vigencia primero y que posteriormente se introduzcan las modificaciones necesarias a partir de la experiencia práctica y las recomendaciones del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, legisladores como Charlie Mariotti y Eugenio Cedeño consideran que las correcciones deben realizarse antes de su aplicación, aprovechando el período de vacatio legis, diseñado precisamente para ajustar posibles fallas antes de que la norma entre en funcionamiento.
Quienes apoyan que el Código entre en vigencia sin cambios inmediatos argumentan que este mecanismo ya se ha utilizado en otras legislaciones, permitiendo recoger observaciones tras su aplicación para luego someter ajustes formales al Congreso.
En ese sentido, se plantea que, una vez en funcionamiento, el Código Penal podría ser evaluado y modificado en función de su impacto real y de las recomendaciones de los distintos sectores involucrados.
Mientras tanto, el debate continúa abierto en el Congreso, en un escenario donde el tiempo para decidir eventuales cambios antes de agosto es cada vez más limitado.