El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, advirtió que, pese a la inversión del Estado en salarios, equipos e infraestructura, la Policía Nacional sigue siendo la institución que más vulnera los derechos humanos en la República Dominicana, de acuerdo con el segundo informe anual presentado por la Defensoría.
Dijo en El Sol de la Mañana que, históricamente, el cuerpo del orden ha avanzado “a golpes de zigzag”, sin consolidar un verdadero control del uso de la fuerza ni un régimen de consecuencias claro.
Ulloa explicó que el problema va mucho más allá de mejoras salariales o remozamiento de destacamentos. Puso como ejemplo cuarteles con apenas dos agentes para poblaciones de más de 15,000 habitantes y destacamentos que pasan meses esperando algo tan básico como una línea telefónica o alumbrado público.
A su juicio, una reforma policial real implica tecnología, supervisión y trazabilidad: patrullas con GPS, cámaras 360, bodycams y bitácoras claras que permitan saber qué hizo cada agente y por qué. “El policía también tiene derecho a debido proceso, pero ese debido proceso exige que haya información objetiva sobre su actuación”, sostuvo.
Ulloa recordó el conflicto en el canódromo, donde él y su equipo fueron agredidos mientras realizaban una inspección por denuncias de retención irregular de vehículos y cobros indebidos.
Relató que la coronela involucrada fue condenada a seis meses de prisión suspendida, junto a otros implicados, lo que consideró un precedente importante: por primera vez, un funcionario civil en ejercicio de sus funciones es agredido por un oficial superior y se logra una sanción penal.
Subrayó que el caso no fue personal, pero sí revelador: si no hubiesen contado con drones, chalecos identificados y vehículos rotulados, las versiones oficiales pudieron tergiversar los hechos. “Dios estuvo con nosotros”, dijo, al recordar que hubo manipulación de armas en medio de la tensión.
Tras el incidente, se reunió con autoridades policiales y se acordaron medidas para humanizar el trato a los ciudadanos en los centros de retención, incluyendo cambios en el manejo de filas, horarios de entrega de vehículos y manejo de efectivo.
Sobre la reforma policial en curso, Ulloa señaló que la normativa debe acompañarse de una verdadera capacidad de medición y evaluación, citando la idea de que “lo que no se mide, no se evalúa”.
Planteó que el modelo policial debe descansar en tres pilares: prevención, inteligencia e investigación, y luego en un régimen disciplinario claro que sancione excesos en uso de la fuerza, como los mal denominados “intercambios de disparos” donde mueren civiles.
Advirtió que no basta con construir destacamentos o anunciar cambios de ley si no se garantiza que cada actuación policial se registre y pueda ser auditada por asuntos internos.
Cuestionado sobre la exposición mediática de imputados en casos de corrupción, Ulloa reconoció avances frente a prácticas del pasado, como allanamientos espectaculares de madrugada o exhibición de detenidos en ropa interior.
Sin embargo, admitió que persisten problemas ligados a la filtración de expedientes y detalles acusatorios que salen desde las propias instituciones, vulnerando el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
Recordó que el sistema debe encontrar equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la dignidad humana: “La filtración es un acto indecoroso. El respeto a la dignidad debe ser un límite”.
Ulloa identificó como principal desafío de su gestión la extensión territorial de la Defensoría. Explicó que han realizado recorridos por todas las provincias y municipios, y que en 2025 instalarán 10 “casas del derecho” en universidades de las distintas macrorregiones.
Estos espacios estarán destinados a formación en derechos fundamentales, mediación de conflictos y acompañamiento ciudadano.
Según encuestas internas, el reconocimiento de la Defensoría ha crecido de alrededor de un 20 % a cerca de un 70 %, y la institución se coloca entre las más respetadas, solo detrás de la Iglesia y los medios de comunicación, en materia de confianza para la defensa de derechos.
El Defensor del Pueblo citó como ejemplo de gestión dialogada el caso de playa Caleta, en La Romana, donde se enfrentaban reclamos de comerciantes y problemas de infraestructura.
Detalló que, tras varios encuentros, se lograron soluciones en tres frentes: reparación de techos de negocios, construcción del malecón y adecuación del muelle, mostrando cómo la mediación puede transformar conflictos locales en acuerdos sostenibles.
Mencionó también procesos de diálogo en comunidades afectadas por grandes proyectos, como los casos de Barrick y otros escenarios donde la tensión social requería de una figura neutral que facilitara acuerdos.
En cuanto al caso SeNaSa, Ulloa aclaró que la ley limita la intervención del Defensor del Pueblo en procesos ya judicializados; sin embargo, sí puede reclamar régimen de consecuencias y subrayar el impacto humano de este tipo de entramados.
Recordó que, según el informe de la Defensoría, la salud es el derecho fundamental más vulnerado en el país. “Cuando hablamos de salud, hablamos de vidas”, dijo, al relatar que perdió a sus padres por cáncer y que conoce de primera mano el drama de los pacientes de alto costo.
Aludió a casos en que una sentencia favorable para acceso a medicamentos llegó cuando el paciente ya había fallecido, poniendo en evidencia la distancia entre el derecho reconocido y el derecho efectivamente garantizado.