La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) declaró su incompetencia para conocer la solicitud de investigación presentada por la Red de Veedores Sociales de San Cristóbal contra el contrato firmado entre el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal y la empresa Blue Energy Power, S.R.L., para la administración integral del vertedero municipal.
La decisión está contenida en la Resolución RIC-0160-2026, en la que el organismo explicó que durante el proceso no fueron presentadas pruebas suficientes que respaldaran los cuestionamientos planteados por los denunciantes.
La DGCP indicó que el ayuntamiento no entregó el escrito de defensa solicitado por la institución, mientras que la Red de Veedores Sociales tampoco respondió al requerimiento relacionado con la excepción de incompetencia planteada por la empresa contratista.
Luego de analizar las características del acuerdo, la DGCP concluyó que el contrato no corresponde a una contratación pública tradicional regulada por la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
El organismo determinó que el convenio tiene características propias de una alianza público-privada o concesión, debido a que contempla inversión privada, no implica desembolsos de fondos municipales por parte del Ayuntamiento y tiene una duración de 15 años.
Por esa razón, estableció que la entidad competente para supervisar este tipo de acuerdos es la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).
En consecuencia, la Dirección General de Contrataciones Públicas acogió la excepción de incompetencia presentada por Blue Energy Power y decidió no entrar al análisis de los demás señalamientos formulados por la Red de Veedores Sociales.
La institución sostuvo que, al no tener competencia material sobre el contrato, no correspondía emitir una decisión sobre el fondo de las denuncias presentadas.
La resolución se conoce en medio de la controversia que enfrenta el Ayuntamiento de San Cristóbal por la situación del vertedero municipal, que también ha sido objeto de una sanción del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Este escenario podría derivar en posibles reclamaciones por daños y perjuicios contra el cabildo, cuyos costos tendrían que ser asumidos con recursos municipales, una situación que podría afectar las finanzas del Ayuntamiento y generar impacto en los ciudadanos de San Cristóbal.