El abogado Eduardo Núñez advirtió sobre “el peligro de mezclar la política con el derecho procesal penal” tras la reciente aprobación del nuevo Código Procesal Penal, al considerar que la prisa legislativa respondió más a intereses políticos que a un análisis jurídico serio y pausado.
Durante su participación en El Sol de la Mañana, Núñez sostuvo que la alarma generada por el nuevo código es comprensible, aunque llamó a evaluar sus efectos con objetividad. Explicó que la aprobación acelerada se produjo luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la Ley 1015 por un vicio formal, no por el contenido de la norma, lo que —a su juicio— no obligaba a una contrarreforma del sistema procesal penal.
El jurista consideró que se utilizó esa decisión del Tribunal Constitucional como pretexto para introducir cambios más gravosos, especialmente en materia de duración de los procesos, bajo el argumento de evitar que casos de corrupción administrativa prescribieran o se extinguieran.
Núñez explicó que en sociedades institucionalmente maduras, el Congreso habría aprobado el mismo texto corrigiendo el error de procedimiento. Sin embargo, en República Dominicana se impulsó un nuevo código con reformas sustanciales, ante el temor de que procesos emblemáticos concluyeran por extinción o prescripción.
Uno de los principales conflictos del nuevo código, según Núñez, es la mezcla de dos categorías jurídicas excluyentes: plazo legal y plazo razonable. Señaló que el plazo legal es una regla estricta fijada por el legislador, mientras que el plazo razonable solo aplica cuando la ley no establece un límite concreto. “Mezclarlos vacía de contenido la garantía del plazo legal”, advirtió.
El abogado sostuvo que las situaciones jurídicas consolidadas antes de la entrada en vigencia del nuevo código no pueden ser afectadas por la nueva norma. Aclaró que, en esos casos, se aplicará la ley vigente al momento de la consumación del hecho, ya sea por ultraactividad o por el principio de favorabilidad.
Núñez recordó que una ley procesal más gravosa no puede aplicarse retroactivamente, ni siquiera a procesos en curso. Insistió en que el principio constitucional de favorabilidad protege al imputado frente a cambios normativos perjudiciales.
El jurista alertó que quienes hoy impulsan reformas punitivas podrían convertirse mañana en víctimas de ese mismo esquema. “Están legislando para que los fiscales del futuro afilen cuchillos contra ellos mismos”, expresó, al advertir sobre el uso del derecho penal del vencedor.
Criticó que el nuevo código permita que la solicitud de medidas de coerción interrumpa la prescripción, calificándolo como un error jurídico grave. Explicó que la coerción es un instrumento accesorio y provisional, y no puede sustituir la acción penal. “Eso contradice más de mil años de tradición jurídica”, afirmó.
Aunque reconoció que podrían producirse crisis y afectaciones iniciales, Núñez se mostró optimista en que las disposiciones inconstitucionales del nuevo código serán eventualmente expulsadas del ordenamiento jurídico, mediante decisiones del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia.
El abogado atribuyó varios de los defectos del nuevo código a una combinación de voluntad de poder y deficiencia técnica, señalando que el poder, incluso en manos mediocres, es capaz de imponer normas jurídicas insostenibles durante un tiempo, aunque estas terminen cayendo.