



El abogado Eduardo Núñez afirmó que varios de los argumentos utilizados por sectores que solicitan extender la vacatio legis del nuevo Código Penal dominicano no constituyen razones suficientes para postergar su entrada en vigencia, aunque reconoció que algunos artículos de la normativa podrían ser revisados.
Durante una entrevista en El Sol de la Mañana, Núñez analizó las posiciones a favor y en contra de una posible extensión del plazo, y sostuvo que las preocupaciones relacionadas con ambigüedades, preparación de la sociedad o posibles inconstitucionalidades deben ser evaluadas, pero no necesariamente implican detener la aplicación completa del nuevo Código Penal.
Núñez explicó que toda legislación puede contener interpretaciones abiertas, contradicciones o aspectos que requieran ajustes, debido a que las leyes se aplican en contextos sociales que cambian con el tiempo.
Indicó que son precisamente los tribunales los encargados de interpretar y resolver esas situaciones mediante la jurisprudencia.
A su juicio, alegar que el Código Penal tiene ambigüedades no constituye un motivo suficiente para extender el período previo a su aplicación.
Sobre el argumento de que la sociedad y los operadores jurídicos no están preparados para aplicar la nueva normativa, el abogado consideró que ninguna ley entra en vigencia con una sociedad completamente preparada.
Explicó que muchas legislaciones identifican sus debilidades precisamente cuando comienzan a aplicarse y los tribunales enfrentan casos concretos.

Núñez señaló que uno de los argumentos con mayor peso es la existencia de posibles inconstitucionalidades en algunos artículos del Código Penal, especialmente los relacionados con la difamación, injuria y ultraje.
Sin embargo, sostuvo que esos aspectos ya tienen vías institucionales para ser revisados, debido a que existen acciones presentadas ante el Tribunal Constitucional y precedentes que establecen límites al legislador en materia de libertad de expresión.
Núñez calificó como técnicamente incorrecto afirmar que, si el nuevo Código Penal no entra en vigencia, el país quedaría sin una legislación penal.
Explicó que mientras el nuevo Código no entre en vigor, el actual Código Penal continúa vigente, debido a que los efectos de derogación de la normativa anterior quedan suspendidos hasta la aplicación definitiva de la nueva ley.
El abogado consideró que el nuevo Código Penal representa una actualización importante para República Dominicana, al incorporar figuras jurídicas que no estaban contempladas en la legislación vigente desde 1884.
Como ejemplo, mencionó nuevas formas de responsabilidad penal y conceptos relacionados con la participación en delitos, causas de justificación y otras figuras que, según explicó, permiten adaptar el sistema dominicano a estándares internacionales.
Núñez planteó que una alternativa más adecuada sería permitir la entrada en vigencia del Código Penal y revisar de manera específica aquellos artículos que generan preocupación en algunos sectores.
Afirmó que suspender toda la normativa por cinco o seis artículos cuestionados podría afectar avances importantes contenidos en la legislación.
Núñez expresó preocupación de que una extensión de tres meses pueda convertirse en una nueva oportunidad para modificar elementos positivos de la legislación.