Durante una entrevista en El Sol de la Mañana, transmitido este martes desde el Hotel El Embajador, con motivo de la celebración de los 100 años de la radio dominicana, el jurista explicó por qué decidió no firmar el documento mediante el cual más de un centenar de abogados y académicos expresaron su respaldo a Fernando Langa Ferreira para ocupar la presidencia del máximo tribunal.
Núñez reveló que el documento le fue enviado personalmente por el reconocido constitucionalista Eduardo Jorge Prats, quien fue su profesor y a quien dijo profesar un gran aprecio. Sin embargo, aclaró que decidió mantenerse al margen de la iniciativa por razones ideológicas relacionadas con su concepción de la independencia judicial.
“El documento me lo mandaron realmente, simplemente no me uní, digamos, que por motivos ideológicos”, manifestó.
El abogado precisó que su posición no constituye un cuestionamiento a las condiciones profesionales de Langa ni una valoración negativa de los juristas que suscribieron el manifiesto, sino una crítica a la forma en que se está desarrollando el proceso de selección.
Núñez sostuvo que la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia no debe asemejarse a una competencia electoral en la que los aspirantes buscan respaldo de personalidades influyentes para aumentar sus posibilidades de ser seleccionados.
A su juicio, promover públicamente candidaturas judiciales mediante documentos de adhesión puede transmitir la impresión de que los vínculos personales y la capacidad de movilizar apoyos tienen mayor importancia que la trayectoria profesional y las evaluaciones de los candidatos.
“Yo entiendo que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia no es una cuestión de movilizar apoyos”, expresó.
El abogado afirmó que, aunque el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene una composición política por la participación de representantes de distintos poderes del Estado, sus decisiones deben responder a criterios institucionales y no a la lógica del proselitismo partidario.
Explicó que la presencia de autoridades políticas en el organismo no significa que la selección de jueces deba convertirse en una competencia de influencias.
“Yo entiendo que admitir que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político no nos podía llevar a admitir que sigue la misma lógica que la política proselitista”, sostuvo.
Para Núñez, el proceso debe conservar la solemnidad correspondiente a una decisión que incide directamente en la conducción de uno de los poderes del Estado.
El jurista argumentó que la autoridad de un magistrado no procede de la popularidad que pueda alcanzar entre abogados, funcionarios o sectores influyentes, sino de su independencia y del respeto a la Constitución y las leyes.
Sostuvo que, cuando una persona procura apoyos para alcanzar una posición, pueden generarse expectativas de reciprocidad entre quienes respaldaron su candidatura.
Desde su perspectiva, esa dinámica resulta incompatible con la independencia que debe caracterizar a quienes administran justicia.
Núñez consideró preocupante que el debate sobre la elección de jueces esté otorgando mayor visibilidad a los respaldos públicos que a las competencias técnicas de los aspirantes.
“El contexto que se ha vivido lo que está premiando es la capacidad de influencia, la capacidad de apoyo, la capacidad de tejer relaciones”, afirmó.
Añadió que lo que debe proyectar un juez de carrera es su preparación, desempeño y méritos profesionales.
El abogado sostuvo que, después de décadas de esfuerzos institucionales para fortalecer la carrera judicial, resulta contradictorio permitir que el proceso de selección se acerque a los métodos utilizados en las competencias políticas.
“Ahora se ha vuelto un concurso de popularidad. Y particularmente entre nosotros eso manda el mensaje equivocado”, expresó.
Otro de los planteamientos de Núñez estuvo relacionado con la importancia de las evaluaciones públicas realizadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.
El abogado cuestionó que se organicen entrevistas para conocer la preparación, experiencia y propuestas de los aspirantes, si posteriormente la decisión puede quedar condicionada por influencias o respaldos externos.
En ese sentido, planteó que las evaluaciones deberían tener un peso determinante en la selección de los magistrados.
“Si nosotros difundimos las entrevistas, si nosotros aspiramos a la transparencia, si nosotros queremos oír a los candidatos, ¿por qué razón el factor decisivo no se deriva de esa entrevista y de esa evaluación?”, cuestionó.
Núñez sostuvo que la sociedad debe aspirar a un sistema en el que las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura guarden correspondencia con los resultados de las evaluaciones y los méritos de los candidatos.
También cuestionó que, según su interpretación, en el proceso hayan adquirido relevancia las relaciones personales y el respaldo de figuras influyentes.
El abogado recordó que República Dominicana cuenta con un sistema de carrera judicial desarrollado durante aproximadamente tres décadas, cuyo propósito es fortalecer la profesionalización y la independencia de los magistrados.
Sin embargo, señaló que, pese a ese recorrido institucional, ningún juez proveniente de la carrera judicial ha llegado a presidir la Suprema Corte de Justicia.
Para Núñez, esa situación merece una reflexión sobre el reconocimiento que reciben los magistrados que han dedicado su trayectoria profesional al ejercicio de la judicatura.
Sostuvo que un juez de carrera que reúna las condiciones técnicas, administrativas y de liderazgo necesarias debe tener oportunidades reales de dirigir el Poder Judicial.
El jurista también cuestionó que se presente como requisito principal para presidir la Suprema Corte de Justicia la capacidad de administración o gerencia.
Explicó que el presidente del máximo tribunal no solo dirige aspectos administrativos, sino que también encabeza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y preside el Consejo del Poder Judicial, organismo responsable del gobierno de los jueces.
Por esa razón, consideró que el conocimiento del funcionamiento jurisdiccional, la independencia y la experiencia judicial deben ocupar un lugar prioritario en la evaluación de los candidatos.
A su entender, los aspectos administrativos pueden apoyarse en los equipos técnicos especializados con que cuenta la institución.
Durante su intervención, Núñez también cuestionó la coherencia entre los principios de institucionalidad promovidos por el Gobierno y los criterios que podrían utilizarse para seleccionar al próximo presidente de la Suprema Corte.
Recordó que en decisiones anteriores relacionadas con la dirección del Ministerio Público se defendió la importancia de reconocer la trayectoria profesional y la independencia de los funcionarios de carrera.
En ese sentido, planteó que la misma lógica debería considerarse al evaluar las candidaturas para dirigir el Poder Judicial.
El jurista sostuvo que, si el presidente Luis Abinader ha defendido un modelo institucional diferente al de administraciones anteriores, las decisiones relacionadas con la justicia deben reflejar esos principios.
“Por coherencia consigo mismo”, respondió al ser cuestionado sobre por qué el mandatario debería actuar de manera diferente a otros presidentes en la escogencia de autoridades judiciales.
Núñez insistió en que la selección debe responder a criterios verificables de preparación, independencia y trayectoria, antes que a compromisos personales o políticos.
El pronunciamiento cuestionado por Núñez fue suscrito por 112 juristas y académicos que solicitaron al Consejo Nacional de la Magistratura considerar a Fernando Langa Ferreira para presidir la Suprema Corte de Justicia.
Los firmantes argumentaron que Langa reúne condiciones profesionales y de liderazgo para dirigir el máximo tribunal, destacando sus más de cuatro décadas de ejercicio jurídico y su experiencia en distintas ramas del derecho.
Asimismo, defendieron que la Constitución permite que juristas provenientes del ejercicio profesional privado integren la Suprema Corte y puedan ser considerados para su presidencia.
El documento plantea que la conducción del Poder Judicial requiere preparación técnica, autoridad moral, capacidad para alcanzar consensos y experiencia en la dirección de instituciones.
Esta posición contrasta con el planteamiento de Núñez, quien considera que el proceso debe dar mayor importancia a los méritos evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura que a las manifestaciones públicas de respaldo.
El abogado aclaró que sus cuestionamientos no están dirigidos exclusivamente contra Fernando Langa, pues sostuvo que otros aspirantes también han procurado apoyos durante el proceso.
Reiteró que la elección de las autoridades judiciales representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en la justicia dominicana y demostrar que los méritos profesionales pueden prevalecer sobre la influencia política o personal.