La Acción Empresarial por la Educación (Educa) expresó su preocupación por el proyecto de ley que busca fusionar los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), al advertir que la iniciativa podría afectar la asignación del 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria.
La organización señaló que la propuesta, depositada por el Poder Ejecutivo en el Senado, fue presentada sin un proceso de socialización adecuado ni la incorporación de aportes técnicos realizados por distintos actores del sistema educativo en consultas previas, lo que —a su juicio— debilita la transparencia y la legitimidad del proyecto.
Educa recordó que la comisión creada por decreto para trabajar la reforma solo fue convocada una vez el año pasado, cuando se presentó un borrador preliminar. Indicó que, aunque se abrió un proceso de consulta pública, las observaciones de universidades, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores nunca fueron socializadas ni integradas al texto final.
En un comunicado, la directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, afirmó que el proyecto convierte al Consejo Nacional de Educación en un órgano meramente consultivo, lo que concentra el poder de decisión en una sola autoridad y reduce la pluralidad en la formulación de políticas públicas educativas.
Asimismo, alertó que la unificación de ambos ministerios bajo un mismo presupuesto comprometería los recursos destinados al 4 % para la educación preuniversitaria, al desviar fondos necesarios para cobertura, calidad docente y mejora de los aprendizajes, además de limitar áreas estratégicas como la ciencia, la investigación y la tecnología.
La entidad también cuestionó que la iniciativa contemple una entrada en vigor automática, sin un plan de transición ni lineamientos técnicos que tomen en cuenta las diferencias estructurales y operativas entre Minerd y Mescyt, lo que podría generar disrupciones en los servicios y afectar la continuidad institucional.
Finalmente, Educa reiteró su respaldo a las reformas orientadas a mejorar la calidad educativa, pero insistió en que estas deben construirse con evidencia, diálogo técnico y participación amplia. Subrayó que la educación es un bien público esencial y llamó a reabrir un proceso de consultas plural y transparente para fortalecer la gobernanza del sistema educativo dominicano.