Varios animales, entre ellos 18 perros, fueron hallados muertos en distintos puntos de la provincia Santiago Rodríguez, en un hecho que las autoridades investigan y en el que se presume que habrían sido envenenados.
Entre los animales afectados figuran perros realengos que deambulaban por las calles, así como mascotas pertenecientes a familias de la comunidad. Además, se han reportado gallinas y palomas muertas, lo que ha incrementado la preocupación entre residentes y organizaciones defensoras de los animales por la magnitud del caso y el posible riesgo para otras especies.
Ante la situación, autoridades judiciales y policiales iniciaron una investigación para establecer quién o quiénes estarían detrás de la muerte de los animales y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Como parte de las diligencias, el coronel César Augusto Peña Zapata se trasladó desde Santo Domingo junto a los oficiales Zapata Domingo, el segundo teniente Galván y el segundo teniente Pelón Jiménez de la Cruz, miembros del Departamento de Protección Animal y Anticuatreros, para dar seguimiento al caso.
En el encuentro participaron la fiscal titular de Santiago Rodríguez, Sumaya Rodríguez; la gobernadora provincial, Glehany Azcona; su asistente, Yumaris Núñez; y Yadira Rivas, presidenta de Manadas de Rescate Noroestana.
Asimismo, las autoridades destacaron el respaldo de la procuradora adjunta del Procurador General de la República, Roxanna Reyes Acosta, enlace nacional del Ministerio Público para la aplicación de la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable. La información inicial sobre la denuncia fue facilitada por el periodista Juan Pablo Bourdierd Núñez, de la página SabanetaRD.
Como resultado de la reunión, se acordó crear una mesa de trabajo interinstitucional para fortalecer las acciones de prevención, profundizar las investigaciones y procurar que los responsables sean identificados y sometidos a la justicia.
Las autoridades también solicitaron la colaboración de la ciudadanía. Exhortaron a cualquier persona que posea videos, fotografías o información que contribuya a identificar a los responsables a suministrarla de manera confidencial a los organismos correspondientes.
El caso ha generado indignación entre residentes y defensores de los derechos de los animales, quienes esperan que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en la provincia.