Tras ser destituido del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Rafael J. Féliz García ofreció este lunes precisiones públicas sobre señalamientos relacionados con su situación patrimonial a través de una carta publicada en la red social Instagram, acompañada de documentos y depósitos bancarios que, según explicó, respaldan el origen y la trazabilidad de los recursos utilizados en las operaciones señaladas.
A pesar de que, mediante el Decreto núm. 39-26, se derogó mi designación como rector del ITLA, considero necesario compartir algunos sentimientos a raíz de la conversación que se ha generado en los medios de comunicación.
Reconozco plenamente el rol de los medios de comunicación de investigar, informar y contrastar hechos de interés público; ese ejercicio es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Precisamente por ello, resulta necesario aclarar que los señalamientos difundidos no reflejan la realidad de la gestión desarrollada en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), ni de mi manera de ser.
Es importante aclarar que, durante mi tiempo como rector del ITLA, no se exigió, condicionó ni vinculó el nombramiento, la permanencia, los ascensos o los beneficios de colaboradores a aportes económicos de ningún tipo, ni a favor de movimiento alguno ni de ninguna estructura política.
Con el propósito de despejar cualquier duda razonable, desde el lunes 19 de enero solicitamos formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y a la Unidad Antifraude del Estado la realización de una revisión técnica exhaustiva de los procedimientos institucionales del ITLA, otorgando acceso pleno a la información, al personal y a los procesos internos. Este ejercicio ya ha iniciado y cuenta con toda nuestra colaboración. Confiamos en que el trabajo de estos organismos permitirá esclarecer los hechos.
En relación con los señalamientos sobre mi situación patrimonial y el ejercicio de mis funciones públicas, corresponde precisar que desde el día en que nací he residido en el sector Gazcue. En el mismo edificio donde actualmente vivo, mi familia es propietaria desde el año 2007, y residí en ese inmueble desde el año 2014 hasta poco después de incorporarme al gobierno. Esto puedo probarlo, pues lo único que hemos hecho en mi familia es trabajar con honestidad.
En el año 2023 adquirí, en ese mismo edificio, un apartamento modesto de dos habitaciones, ubicado contiguo al apartamento de mis padres, por un valor aproximado de RD$10,735,000.00. Dicha adquisición fue financiada mediante una operación crediticia ordinaria: un préstamo hipotecario equivalente al 80 % del valor del inmueble y un préstamo personal para cubrir el 20 % del inicial. Ambas operaciones son plenamente trazables y se encuentran respaldadas por certificaciones bancarias que evidencian no solo el origen lícito de los recursos, sino también la existencia de obligaciones de pago vigentes, con un saldo pendiente superior al 95 % del capital financiado y un plazo restante de 18 años. Dicho apartamento tiene una dimensión de 105.43 m² habitables con acceso a la azotea, no un Penthouse.
Interpretar esta adquisición como un indicio de incremento patrimonial irregular no refleja la naturaleza real de los hechos ni las condiciones financieras bajo las cuales se realizó la operación.
En cuanto a la referencia a un vehículo adquirido en años anteriores, es importante aclarar que dicho bien fue financiado mediante un préstamo bancario, posteriormente vendido en el año 2025, y que el producto de esa venta fue destinado a saldar íntegramente la obligación correspondiente, permaneciendo el remanente en una cuenta de ahorros, tal como consta en las certificaciones bancarias disponibles.
De igual manera, la referencia a una sociedad mercantil constituida en la provincia de Pedernales, jamás se materializó en una actividad operativa, no pasó de ser una simple idea de emprendimiento juvenil; nunca realizó una sola venta ni negocio.
Estamos atravesando un momento sensible de la vida política nacional y respeto profundamente el derecho a la libertad de expresión. Solo apelo a algo esencial: que el tiempo permita demostrar que la verdad es la verdad, dejando las cosas claras ante quienes corresponda.
Reitero mi total disposición a que cualquier aspecto de mi gestión o situación patrimonial sea examinado. En coherencia con el sentido de responsabilidad que motiva estas precisiones, confío en que todo volverá a la normalidad.
Puedo afirmar con dignidad que durante más de cinco años de servicio público tuve la responsabilidad de administrar recursos del Estado bajo esquemas de control, cumplimiento y transparencia, muchos de los cuales fueron fortalecidos durante nuestra gestión tanto en el ITSC y el Ministerio de la Juventud como en el ITLA; llegando a implementar y cumplir el Sistema Integrado de Gestión Institucional con tres normas ISO de cumplimiento, calidad y antisoborno. Mi trayectoria personal, académica y profesional ha estado siempre alineada con esos principios que nacen en el seno familiar.
En fin, soy un joven de 29 años proveniente de una familia de principios. Soy hijo de un maestro de la UASD que me enseñó a amar la docencia desde mi niñez —razón por la cual soy profesor de sociología— y de una madre emprendedora que me inculcó valores de trabajo y rectitud, motivo por el cual colaboro en nuestra pequeña empresa familiar. Tengo lo que cualquier persona sin mayores responsabilidades familiares, responsable económicamente, con mínima educación financiera y con ingresos similares a los que honradamente percibí durante casi seis años puede tener: un apartamento y un vehículo (que ya no poseo), ambos adquiridos bajo financiamientos bancarios.
Con humildad y espíritu de aprendizaje me despido, confiando en que la verdad se abrirá paso y que lo vivido habrá permitido nuevas oportunidades para mí y para otros. Pidiendo a Dios por la tranquilidad de mi familia y el respeto al país, me despido.
“Encomienda al Señor tu camino; confía en Él, y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía.”
Rafael J. Féliz García
