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El economista Francisco Tavárez criticó el funcionamiento del sistema de seguridad social en la República Dominicana, al señalar que opera bajo una lógica financiera que favorece a grupos empresariales, en lugar de garantizar protección real a los ciudadanos.
Durante una entrevista en El Sol de los Sábados, que se transmite por Zol 106.5 FM, emisora del grupo RCC Media, Tavárez sostuvo que los recursos públicos deben destinarse a asegurar una seguridad social universal e inclusiva. “El actual sistema de seguridad social excluye a las personas”, afirmó.
Explicó que en el país existen Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que pertenecen a los mismos grupos financieros, los cuales, además, invierten las contribuciones de los trabajadores en productos de sus propios bancos.
Según Tavárez, esto evidencia que se trata de “un sistema financiarizado, no un sistema de seguridad social per se”, ya que, en su opinión, no cumple con la función filosófica de proteger a las personas en la vejez, la discapacidad o ante eventualidades que afecten su salud e ingresos.
“Es un sistema que drena recursos de la gente hacia los grupos financieros y que, en los momentos de mayor necesidad, limita coberturas de salud y condena a la pobreza a los pensionados”, concluyó.
El comunicador advirtió que, si no se realizan reformas profundas, la seguridad social continuará operando como un mecanismo de acumulación para grandes corporaciones, en lugar de garantizar bienestar colectivo. A su juicio, la actual estructura no responde a un modelo solidario, sino a uno de mercado que prioriza el beneficio económico.
Tavárez también subrayó que la falta de acceso real a servicios de salud de calidad y pensiones dignas agudiza la desigualdad social en el país, dejando desprotegidos a millones de dominicanos, especialmente a los trabajadores informales y de bajos ingresos.
Finalmente, insistió en que una verdadera reforma debe enfocarse en eliminar los conflictos de interés en el manejo de fondos y asegurar que las contribuciones de los trabajadores sean administradas en función de su protección, no como capital para inversión privada de los mismos grupos que controlan el sistema financiero.