El presidente Luis Abinader informó que el Gobierno ha comprometido RD$31,109 millones en proyectos de infraestructura financiados con recursos de la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). De ese monto, RD$9,545 millones han sido ejecutados en distintas intervenciones, principalmente en el Gran Santo Domingo.
Durante una presentación en el Palacio Nacional, el mandatario detalló que los proyectos incluyen soluciones viales, sistemas de drenaje y construcción de puentes. Aunque algunas infraestructuras ya fueron entregadas, otras permanecen en construcción, revisión de diseños o procesos de contratación, sin que se haya establecido una fecha definitiva para su conclusión.
Entre las intervenciones finalizadas se encuentran la solución vial de la avenida Isabel Aguiar, con una inversión de RD$2,558 millones, y los trabajos realizados en la Plaza de la Bandera, cuyo costo ascendió a RD$3,350 millones.
Uno de los proyectos de mayor inversión es la transformación de la avenida República de Colombia, presupuestada en aproximadamente RD$11,476 millones, de los cuales se han desembolsado RD$3,370 millones. Los trabajos contemplan pasos a desnivel, retornos y conexiones viales, con una fecha estimada de terminación para diciembre de 2027.
En la avenida Luperón, el Gobierno desarrolla un sistema de drenaje pluvial dividido en varias etapas. El tramo comprendido entre el Malecón y la Plaza de la Bandera tiene un presupuesto de RD$2,482 millones, mientras que la intervención desde el kilómetro 9 hasta la Plaza de la Bandera, estimada en RD$5,364 millones, continúa en revisión de diseño.
El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, también informó sobre la construcción de un puente basculante próximo al actual puente flotante, que conecta el Distrito Nacional con Santo Domingo Este. La infraestructura tendría un costo aproximado de RD$4,500 millones y un plazo de ejecución de 24 meses.
Abinader abordó la ampliación de la avenida Las Damas, en Santo Domingo Este, cuyo costo podría superar los RD$1,000 millones, incluyendo las expropiaciones necesarias para desarrollar el proyecto.
Explicó que, cuando no se alcanzan acuerdos con propietarios de terrenos, el Estado recurre a declaratorias de utilidad pública. Indicó que en estos procedimientos intervienen Bienes Nacionales, la Contraloría General de la República y Catastro Nacional.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Veeduría, Ricardo Canalda, planteó la necesidad de realizar auditorías técnicas y financieras para comprobar tanto la calidad de las construcciones como el destino de los fondos.
La información presentada deja pendiente el seguimiento a los cronogramas, los costos definitivos y la ejecución de los recursos correspondientes a las obras todavía inconclusas.