Hugo Carvajal, apodado “El Pollo”, dirigió durante años la inteligencia militar venezolana y fue uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Hugo Chávez.
Desde esa posición tuvo acceso directo a información sensible sobre el funcionamiento interno del poder en Venezuela y sobre presuntas redes ilegales vinculadas al narcotráfico. Tras la muerte de Chávez, respaldó inicialmente a Nicolás Maduro, pero en 2019 rompió con el chavismo y expresó su apoyo a Juan Guaidó, el líder opositor reconocido entonces por Estados Unidos.
En junio del año pasado, Carvajal se declaró culpable en Estados Unidos de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, dentro del mismo expediente en el que está acusado Maduro.
La fiscalía estadounidense lo señala por haber facilitado en 2006 el envío de 5.580 kilos de cocaína desde Venezuela a México a bordo de un avión, a cambio de millones de dólares. Desde su extradición, permanece detenido en el Metropolitan Detention Facility de Brooklyn, el mismo centro donde se encuentra recluido Maduro.
Aunque su admisión de culpabilidad no incluyó un acuerdo formal con la fiscalía ni una reducción automática de pena, Carvajal ha manifestado disposición a colaborar. Su abogado, Robert Feitel, afirmó a Associated Press que el exgeneral posee información de “extraordinaria importancia” para la seguridad nacional y para la aplicación de la ley en Estados Unidos.
Especialistas en derecho penal consideran que esa cooperación podría traducirse en una rebaja sustancial de la sentencia, cuya imposición está prevista para el próximo mes.
El eventual rol de Carvajal como testigo principal ha sido destacado por expertos legales. El exfiscal federal Neama Rahmani declaró a The New York Post que el exjefe de inteligencia encaja en el perfil típico de testigo clave en procesos federales de esta magnitud y explicó que, si su testimonio resulta veraz, podría recibir una “reducción significativa” de su condena.
En la misma línea, el exfiscal Dick Gregorie, quien participó en el juicio contra Manuel Noriega en 1988, consideró “muy probable” que la fiscalía esté preparando a Carvajal para declarar y recordó que, de existir un acuerdo previo, ese trabajo suele comenzar semanas o meses antes.
El caso Noriega es citado como antecedente relevante por las similitudes procesales: un exmandatario extranjero juzgado en Estados Unidos por narcotráfico. Gregorie señaló que ese precedente podría influir tanto en la estrategia de la fiscalía como en la selección de testigos, que incluiría a antiguos funcionarios venezolanos y a narcotraficantes involucrados en la logística de envíos de droga.
La defensa de Maduro, según analistas, intentará basarse en varios argumentos. Uno de ellos será la inmunidad soberana, alegando que como jefe de Estado no puede ser juzgado por tribunales estadounidenses.
Sin embargo, Rahmani subrayó a The New York Post que esa tesis tendría escasas posibilidades de prosperar, dado que Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo y el reconocimiento de gobiernos corresponde al Departamento de Estado.
Otra línea defensiva podría ser el desconocimiento de las actividades criminales realizadas por subordinados, argumento que la fiscalía confía en rebatir con pruebas documentales y testimoniales.
Asimismo, la defensa podría cuestionar la legalidad de la captura de Maduro y la obtención de evidencias, alegando uso excesivo de la fuerza o irregularidades en escuchas telefónicas. Gregorie recordó que razonamientos similares fueron planteados sin éxito en el juicio contra Noriega.
La acusación contra Maduro se originó en una investigación iniciada en 2020, en la que se le atribuye haber liderado durante más de una década una red dedicada al tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, con supuestos vínculos con las FARC, el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua.
Según la fiscalía, esta estructura habría operado desde las más altas esferas del poder venezolano para facilitar el envío de toneladas de droga. Maduro fue detenido el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, y ambos, al igual que su hijo Nicolás Maduro Guerra, enfrentan cargos por su presunta participación en esa red criminal.