El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso una garantía económica de RD$400 mil, presentación periódica, impedimento de salida del país y la obligación de asistir a charlas conductuales al empresario de origen chino Po Xie, propietario de la tienda Mudan, acusado de presunta violencia de género contra su pareja.
La decisión fue adoptada durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva contra el imputado.
Durante la audiencia, la defensa de Po Xie sostuvo que el hijo menor de la denunciante fue entrevistado y afirmó que no observó al empresario portar un cuchillo durante el incidente investigado. Asimismo, indicó que el menor manifestó que mantiene una buena relación con el imputado y que lo considera como una figura paterna.
De acuerdo con el expediente presentado por la Fiscalía del Distrito Nacional, el empresario es investigado por presuntamente ejercer violencia física, psicológica y verbal contra su pareja en un hecho ocurrido el pasado 28 de mayo de 2026 en una residencia ubicada en el sector de Gascue.
Según las investigaciones, el incidente se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana cuando Po Xie ingresó a la vivienda utilizando su llave de acceso para retirar algunas pertenencias. El expediente establece que posteriormente habría tomado el teléfono celular de la víctima y lo lanzó al suelo.
Las autoridades señalan que un hijo menor de la mujer alertó a su abuela sobre lo ocurrido, quien contactó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Posteriormente, agentes de la Policía Nacional encontraron al imputado y a la denunciante en medio de una discusión en el área de estacionamiento de la torre residencial. Ambos fueron trasladados a la unidad especializada de violencia de género, mientras que el empresario fue arrestado en flagrante delito.
La Procuraduría General de la República informó además que un informe psicológico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la víctima presenta indicadores de violencia física, psicológica y verbal, además de advertir sobre un riesgo de continuidad de la violencia.
Con la imposición de estas medidas cautelares, el proceso judicial continuará mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones sobre el caso.