La empresa IQtek Solutions, especializada en soluciones de tecnología de información y comunicación, informó que se convirtió en la primera empresa dominicana certificada como Proveedor Tecnológico de Confianza del Estado, una distinción que la posiciona a la vanguardia del nuevo modelo de ciberseguridad, transparencia y soberanía digital impulsado por el Gobierno dominicano.
La certificación se produce en el marco de la Resolución Núm. DGCP-DG-02-2026, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), normativa que establece nuevos requisitos para las empresas tecnológicas que participan en contrataciones vinculadas a áreas estratégicas y de seguridad nacional.
Con este reconocimiento, IQtek Solutions se convierte en la primera compañía del país en cumplir con los estándares establecidos para formar parte del Registro Nacional de Proveedores Tecnológicos de Confianza del Estado Dominicano, una iniciativa que busca fortalecer la protección de los sistemas gubernamentales frente a amenazas cibernéticas y riesgos asociados a la gestión de información sensible.
La resolución crea un marco regulatorio orientado a garantizar que los proveedores tecnológicos que trabajen con instituciones públicas cumplan rigurosos criterios de seguridad, transparencia y protección de datos.
La normativa establece además que el Instituto Criptográfico Nacional (ICN) será el órgano responsable de establecer, administrar y supervisar el Registro Nacional de Proveedores Tecnológicos de Confianza, así como de certificar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por el Estado.
A partir de este nuevo esquema, las entidades públicas deberán contratar productos, servicios y soluciones tecnológicas que satisfagan los estándares de seguridad definidos por el ICN, especialmente en procesos relacionados con infraestructura crítica, sistemas de información sensible y seguridad nacional.
La certificación como Proveedor Tecnológico de Confianza implica el cumplimiento de estrictos mecanismos de control, monitoreo preventivo y análisis de riesgos para proteger la información y los sistemas tecnológicos utilizados por el Estado.
Entre las exigencias contempladas por la normativa figuran la implementación de medidas avanzadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información; el uso de mecanismos de cifrado, trazabilidad y control de acceso; el reporte obligatorio de incidentes de ciberseguridad al Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS); y el cumplimiento de procedimientos destinados a prevenir conflictos de interés, soborno y otras prácticas contrarias a la transparencia.
La iniciativa forma parte del fortalecimiento del marco jurídico nacional en materia de seguridad digital, respaldado además por la Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, la Ley Núm. 1-26 que amplía las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia en materia de protección tecnológica, y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030 establecida mediante el Decreto 313-22.