La Junta Central Electoral (JCE) notificó al Centro Económico del Cibao mediante acto de alguacil por la publicación de una encuesta de opinión realizada antes del inicio de la precampaña electoral, una acción que, según el organismo, incumple las disposiciones establecidas en el reglamento sobre difusión de sondeos electorales.
El órgano electoral explicó que la firma publicó el pasado jueves seis de agosto la denominada “Encuesta de Opinión Pública Nacional”, pese a que el período autorizado para este tipo de publicaciones con fines electorales inicia con la precampaña, programada para el domingo cuatro de julio de 2027.
La JCE señaló que la acusación contra el Centro Económico del Cibao, S.R.L. tiene un carácter “estrictamente provisional” y no representa una declaración definitiva de responsabilidad administrativa ni implica la aplicación inmediata de sanciones.
La empresa encuestadora contará con un plazo de 10 días calendario, luego de recibir la notificación formal, para presentar ante la Secretaría General de la JCE sus argumentos de defensa, excepciones, documentos y pruebas que considere necesarios.
El organismo electoral indicó que la firma tendrá acceso al expediente administrativo y a las evidencias utilizadas para sustentar la imputación inicial.
Después de concluida la fase de defensa y las investigaciones correspondientes, la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales deberá preparar un informe que será enviado al pleno de la JCE, instancia que tomará la decisión final sobre el caso.
De acuerdo con el reglamento vigente, las sanciones contempladas pueden incluir la suspensión temporal del registro de la firma encuestadora por un período de seis meses a un año, así como la cancelación definitiva en caso de reincidencia.
La normativa, que entró en vigencia el pasado 22 de mayo, ha generado cuestionamientos y recursos legales ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Entre las acciones presentadas figuran las interpuestas por ACD Media y Participación Ciudadana, que alegan posibles violaciones constitucionales.
En julio, la JCE suspendió la aplicación del reglamento mientras el TSE analizaba los recursos presentados. Posteriormente, el 23 de julio, esa corte declaró su incompetencia para conocer el caso y señaló que los recursos debían ser tramitados ante el Tribunal Constitucional.