El abogado Manuel Sierra advirtió que el nuevo Código Penal podría convertirse en “un desastre para todos” si entra en vigencia como fue aprobado, al considerar que la pieza contiene incoherencias, incongruencias y obstáculos jurídicos que dificultarán su aplicación en los tribunales dominicanos.
Durante una llamada a El Sol de la Mañana, Sierra sostuvo que el Código Penal “no es adaptable” al comportamiento histórico del dominicano ni al lenguaje jurídico utilizado tradicionalmente por los abogados del país.
El jurista afirmó que la legislación está construida sobre subjetividades y deja un amplio margen de interpretación a los jueces, lo que, a su juicio, generará confusión tanto en magistrados y abogados como en los ciudadanos que podrían ser procesados bajo sus disposiciones.
“Ese código entra en vigencia así como está, va a ser un desastre para todos”, expresó Sierra, al respaldar la posición de la Fundación Institucionalidad y Justicia sobre la necesidad de buscar una salida jurídica antes de su aplicación.
Entre las incongruencias señaladas, mencionó que la pieza establece penas distintas para un mismo tipo penal, citando como ejemplo disposiciones que hablan de prisión mayor de cuatro a diez años y otras de cinco a diez años.
Sierra también criticó al Congreso Nacional, al señalar que los legisladores aprobaron y enviaron la pieza al Poder Ejecutivo “a la carrera”, sin someterla a una discusión profunda con el cuerpo jurídico nacional ni con el profesorado especializado en derecho penal.
Asimismo, cuestionó que ahora sectores legislativos pidan al presidente de la República que busque una vía para impedir la entrada en vigencia del Código, luego de haber sido promulgado. A su entender, esa solicitud coloca al mandatario en una situación jurídicamente delicada.
En clave:
El abogado indicó que el problema de la delincuencia no se resolverá únicamente con el aumento de penas, sino con políticas públicas enfocadas en empleo, deporte, educación y prevención social.
Sierra sostuvo que el Código Penal afecta no solo a periodistas o médicos, sino a toda la ciudadanía, debido a que sus disposiciones podrían incidir en derechos fundamentales y en el ejercicio cotidiano de la libertad.