El coordinador de El Rumbo de la Mañana, Mario Herrera, afirmó que, tras realizar una revisión de denuncias, escándalos e irregularidades administrativas durante los gobiernos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), contabilizó más de 87 casos que, a su juicio, ameritan explicaciones y cuestionan el discurso oficial de lucha contra la corrupción.
Herrera reaccionó a las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre las obras que podrían ejecutarse con recursos recuperados de actos de corrupción atribuidos a la pasada gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), encabezada por el expresidente Danilo Medina.
El comunicador aseguró que, al revisar denuncias e investigaciones relacionadas con instituciones gubernamentales, llegó a contabilizar 87 situaciones antes de detener el recuento. Sin embargo, decidió concentrar su análisis en siete casos que consideró relevantes por los montos económicos involucrados.
Entre ellos mencionó el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en cuyo expediente principal el Ministerio Público ha señalado un presunto perjuicio económico superior a los 15,000 millones de pesos.
También citó las irregularidades identificadas en el Ministerio de Agricultura durante la gestión de Limber Cruz, donde auditorías de la Contraloría General de la República detectaron aproximadamente 3,174 millones de pesos en pagos que no estaban debidamente sustentados ni explicados por la institución.
Asimismo, mencionó los cuestionamientos sobre contratos de libros digitales del Ministerio de Educación, por más de 2,500 millones de pesos, y la Operación Camaleón, vinculada a presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), entre ellas las del sistema de semáforos inteligentes del Gran Santo Domingo, por unos 1,300 millones de pesos.
El analista planteó que una comparación de los montos atribuidos a casos de corrupción de administraciones anteriores con los denunciados durante el actual gobierno permitiría dimensionar el impacto económico de estas situaciones sobre las finanzas públicas.
De igual manera, criticó los acuerdos alcanzados en determinados procesos judiciales por corrupción, al considerar que algunas negociaciones permiten la devolución de cantidades significativamente inferiores a los montos inicialmente atribuidos a los imputados.
Finalmente, insistió en que el combate a la corrupción debe aplicarse con los mismos criterios a todas las administraciones, independientemente del partido político que ocupe el poder, y sostuvo que el Gobierno también debe responder por las denuncias surgidas durante su gestión.