El periodista y comentarista Julio Martínez Pozo calificó de sumamente grave la información contenida en informes del Grupo de Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que documentan la presencia en Haití de municiones vinculadas a existencias de organismos de seguridad de la República Dominicana, y advirtió sobre las implicaciones que estos hallazgos podrían tener para las instituciones responsables de custodiar el material bélico.
Durante su intervención, Martínez Pozo sostuvo que las revelaciones no deben tratarse como simples denuncias periodísticas, debido a que proceden de investigaciones realizadas por un organismo internacional que ha documentado el tráfico de armas y municiones hacia territorio haitiano.
El comunicador señaló que, según su interpretación de los informes, las referencias de fabricación y las características de determinadas municiones identificadas en poder de grupos armados haitianos coinciden con material adquirido o almacenado por instituciones de seguridad dominicanas.
En ese sentido, consideró que las autoridades deben ofrecer explicaciones detalladas sobre los mecanismos de almacenamiento, distribución, inventario y supervisión de las municiones, así como esclarecer las circunstancias en que pudieron salir de los depósitos oficiales.
“Eso ya estamos hablando de responsabilidades mayores”, afirmó Martínez Pozo, al referirse a las posibles implicaciones institucionales de un desvío de municiones hacia las organizaciones criminales que operan en Haití.
El periodista insistió en que una eventual investigación no debe limitarse a identificar a los responsables directos del tráfico ilegal, sino que también debe examinar las posibles fallas en los sistemas de vigilancia y control del armamento perteneciente a los organismos de seguridad del Estado.
Sus cuestionamientos encuentran un antecedente relevante en los informes del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, que han identificado casos de municiones procedentes de arsenales dominicanos y posteriormente localizadas en territorio haitiano.
En uno de esos hallazgos, los investigadores documentaron la incautación de 5,000 cartuchos calibre 5.56 milímetros en Mirebalais, Haití, en julio de 2024. La empresa fabricante confirmó que el material pertenecía a un lote suministrado en 2022 a la Policía Nacional dominicana.
El informe también recoge que una investigación de las autoridades dominicanas identificó el desvío de 908,001 artículos, principalmente municiones, de las existencias de la Policía Nacional, aunque no se ha determinado cuántos llegaron efectivamente a Haití.
Asimismo, los expertos de la ONU identificaron municiones con marcas del Ejército de la República Dominicana (ERD) entre el material recuperado de organizaciones armadas haitianas, lo que ha generado nuevas interrogantes sobre los mecanismos de control y la trazabilidad de esos suministros.
La institución aclaró que la coincidencia de marcas, calibres o características no demuestra, por sí sola, que existiera una transferencia autorizada por las Fuerzas Armadas. También explicó que todavía no ha podido reconstruir el recorrido de determinadas municiones calibre .50 de antigua fabricación encontradas en Haití.
Para Martínez Pozo, la gravedad del asunto radica en la necesidad de determinar si los hallazgos responden a actuaciones individuales, redes de tráfico ilegal o deficiencias en la custodia de recursos destinados a la seguridad nacional.
El comunicador sostuvo que el caso requiere respuestas que permitan esclarecer cómo municiones relacionadas con instituciones responsables de proteger a la población dominicana terminaron en un territorio donde las bandas armadas mantienen elevados niveles de violencia.