La Dirección General de Persecución del Ministerio Público inició este martes la presentación de testigos contra la red criminal que borró y alteró antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República tras ser sobornados por particulares.
El procurador fiscal Eduardo Velázquez, a la salida de la audiencia, informó que fueron presentados tres peritos que validaron mediante sus informes periciales la existencia de las alteraciones y confirmaron la comisión de los hechos atribuidos a los acusados, al comparecer ante los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Dichos informes fueron incorporados ante el tribunal, integrado por la jueza Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista.
Entre los peritos, declaró Armando José Díaz Díaz, ingeniero electrónico en comunicaciones y exencargado de Ciberseguridad de la Procuraduría General de la República, quien presentó ocho informes periciales que certificaron las modificaciones ilícitas en los registros de la base de datos, una acción ilegal que permitió desvincular a múltiples personas de procesos penales asociados a sus antecedentes.
Durante la audiencia, varios acusados hicieron uso de su derecho a la defensa material positiva, confirmando en parte su participación y revelando detalles sobre el funcionamiento de la red criminal.
El acusado Luis Alfredo Astacio Polanco admitió haber referido alrededor de 50 personas para que se les borraran antecedentes penales, señalando como responsable al entonces encargado de la base de datos, Alfredo Mirambeaux Villalona, quien realizaba la depuración y fijaba el monto a cobrar. Astacio Polanco dijo que recibía entre dos mil y tres mil pesos por actuar como intermediario.
Uno de los acusados, Mártires Rosario Reyes, quien laboró como soporte técnico por 14 años, admitió haber recibido entre 15,000 y 20,000 pesos, y en ocasiones hasta 40,000 pesos, para gestionar el retiro de fichas penales. Detalló que remitía las cédulas de los interesados a Alfredo Mirambeaux Villalona para actualizar la información ilícitamente.
Asimismo, indicó que Rubén Darío Monbán Santana le enviaba números de cédula a través de la aplicación WhatsApp para el mismo propósito, pagándole sumas de entre 8,000 y 15,000 pesos por cada alteración.
Durante la jornada, Rubén Darío Monbán Santana también se defendió, mientras su esposa, Laudelina Esther Reyes Silva, aseguró que sus cuentas bancarias fueron utilizadas para recibir pagos vinculados al esquema sin su conocimiento previo.
Por otro lado, Dilcia Argentina Núñez Santos se abstuvo de declarar en esta ocasión, mientras que Jancely Estala Arias López argumentó que los movimientos de transferencias en sus cuentas correspondían a asuntos de índole personal.
Finalmente, se informó que Alfredo Mirambeaux Villalona sostendrá una defensa negativa en la continuación del juicio y que Luis Peña Cedeño adelantó que más adelante hará uso de su derecho a la defensa material.
El tribunal calendarizó las audiencias para los días 24 de junio, a las 12:00 del mediodía, y los días 25 y 26 de junio, a las 9:00 de la mañana, respectivamente.