La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destacó las capacidades desarrolladas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de República Dominicana para prevenir y detectar riesgos en los procesos de compras y contrataciones del Estado. El reconocimiento está contenido en el estudio sobre integridad y anticorrupción realizado por el organismo internacional.
El informe resalta el uso de herramientas destinadas a identificar posibles irregularidades durante las diferentes etapas de los procedimientos de contratación. Entre ellas se encuentran el Sistema de Alertas Preventivas y Reactivas (SAPR), la Guía de Gestión Integral de Riesgos y una matriz que permite evaluar los riesgos asociados a cada fase de los procesos.
De acuerdo con la OCDE, estos mecanismos permiten atender riesgos vinculados con posibles prácticas de colusión y conflictos de intereses dentro de las compras públicas. El organismo también valoró el papel que desempeña la DGCP dentro de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción y en los trabajos relacionados con la Estrategia Nacional de Integridad.
El estudio también examinó las herramientas implementadas para fortalecer el cumplimiento de las normas entre los proveedores del Estado. En este ámbito figuran el Código de Pautas de Ética e Integridad, los lineamientos para programas de cumplimiento regulatorio, la Guía de Debida Diligencia y las políticas relacionadas con Compras Verdes y Sostenibles.
La OCDE plantea además que estos lineamientos podrían servir como base para desarrollar un sistema nacional de certificación voluntaria de cumplimiento para el sector privado. En materia de transparencia, el organismo señala que el país mantiene disponibles la información y los resultados de los procesos de contratación en una plataforma agregada, en línea con criterios internacionales de divulgación.
Como parte de las oportunidades de mejora, el informe recomienda establecer un marco común de riesgos que permita integrar las herramientas de la DGCP con las de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. También propone fortalecer las declaraciones de intereses y la capacitación especializada de los responsables de las unidades de compras, además de considerar el cumplimiento efectivo de las empresas como elemento en los procesos de contratación pública.