



El Ministerio Público habría identificado a dos integrantes de la División de Inteligencia Naval (M-2) de la Armada de República Dominicana como presuntos colaboradores de la estructura de narcotráfico atribuida a Fausto Candelario Ortiz, conocido como alias Pachá, investigada mediante la Operación Rompeolas.
Según los documentos presentados por la Fiscalía en la solicitud de medidas de coerción, el sargento mayor Celestino Reyes Castillo y el cabo Andis Terrero presuntamente habrían proporcionado apoyo y protección a integrantes de la organización para facilitar sus operaciones de traslado de sustancias narcóticas hacia Puerto Rico.
Las investigaciones relacionan a ambos militares con un intento de envío de 503 paquetes de cocaína, mediante una embarcación que saldría desde las costas de Miches el 16 de mayo de 2022. Sin embargo, la operación habría sido suspendida debido a la presencia de autoridades en el área.
A partir de las indagatorias realizadas sobre ese acontecimiento, los organismos de inteligencia habrían identificado a los dos miembros de la Armada como posibles colaboradores de la estructura investigada.
El expediente también señala a Andis Terrero, identificado como antiguo integrante de la Armada, por supuestamente utilizar sus conocimientos y contactos dentro de Inteligencia Naval para proporcionar información y asesoramiento a miembros de la organización.
De acuerdo con la acusación, sus actuaciones habrían contribuido a facilitar la salida de embarcaciones utilizadas para transportar cargamentos de sustancias controladas hacia territorio puertorriqueño.
Los investigadores sostienen que la estructura mantenía contactos con personas vinculadas a organismos de seguridad para conocer los movimientos de las autoridades y reducir las posibilidades de que sus operaciones marítimas fueran interceptadas.
Asimismo, el Ministerio Público atribuye a Yovani Candelario Ortiz, alias Pachasito, señalado como presunto coordinador operativo de la red, gestiones de contacto con integrantes de la Armada y otras instituciones para obtener información y supuesta protección.
Otro elemento incorporado a la investigación son varias comunicaciones telefónicas interceptadas por las autoridades, en las que aparecen referencias a presuntos pagos dirigidos a personal militar para permitir determinadas operaciones ilícitas.
Una de las conversaciones, fechada el 7 de junio de 2023, recoge un intercambio entre Diofrendy Domingo Reyes Cabrera y Eliceo Peña, conocido como Cheo, en el que hablan sobre la vigilancia en las zonas costeras y los contactos que supuestamente recibían información sobre las actividades de la organización.
Durante la comunicación también mencionan a un integrante de Inteligencia Naval que, según uno de los interlocutores, aceptaba dinero a cambio de facilitar determinadas actividades.
No obstante, la transcripción citada por la Fiscalía no identifica directamente a ese militar como Celestino Reyes Castillo o Andis Terrero, por lo que no permite atribuirles individualmente la recepción de esos supuestos pagos.
La investigación también describe presuntas labores de vigilancia realizadas por integrantes de la estructura para conocer la ubicación del personal militar desplegado en las zonas costeras antes de ejecutar sus operaciones.
Una segunda comunicación, interceptada el 8 de junio de 2023, recoge una conversación en la que Diofrendy Domingo Reyes Cabrera pregunta a Eliceo Peña sobre la presencia de un militar al que identificaban como «El Marino».
Según la interpretación del Ministerio Público, este tipo de intercambios evidenciaría que los integrantes de la organización procuraban conocer los movimientos de los organismos de seguridad antes de continuar con sus actividades.
El expediente también describe labores de observación en playas y otros puntos estratégicos, mediante personas encargadas de informar sobre la presencia de autoridades en las áreas donde presuntamente se coordinaban los traslados de drogas.
En la investigación, el Ministerio Público sostiene que la organización recibía cargamentos de cocaína procedentes de Colombia, principalmente por las costas de Bayahibe y Boca de Chavón.
Posteriormente, las sustancias serían trasladadas a lugares de almacenamiento en Higüey y Miches, desde donde se coordinaban los envíos hacia Puerto Rico utilizando embarcaciones rápidas.
Las autoridades señalan a Fausto Candelario Ortiz, alias Pachá, como presunto principal responsable de la estructura, mientras que su hermano Yovani Candelario Ortiz, conocido como Pachasito, habría tenido a su cargo la coordinación operativa de los movimientos de transporte.
La Operación Rompeolas involucra a 22 personas investigadas por su presunta participación en actividades de narcotráfico internacional y lavado de activos.
Los señalamientos sobre la supuesta colaboración de militares, así como los posibles pagos irregulares, forman parte de las investigaciones y deberán ser examinados por los tribunales. La responsabilidad penal de cada uno de los involucrados deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.