La miembro del Consejo Nacional y excoordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, consideró este martes que la decisión judicial que favoreció con un auto de no ha lugar a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta pone de manifiesto los desafíos que aún persisten en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
Al ser abordada durante la visita oficial de la presidenta de Surinam al Congreso Nacional, Blanco afirmó que el caso vuelve a generar interrogantes sobre los obstáculos que enfrenta el país para lograr una respuesta efectiva frente a los actos de corrupción.
La representante de la sociedad civil señaló que todavía existen dudas sobre el origen de las situaciones que han surgido durante el conocimiento de estos procesos judiciales.
“No sabemos si son los expedientes, cómo se elaboran, o si es la percepción al momento de una decisión que toma el tribunal”, expresó.
No obstante, sostuvo que la decisión no elimina por completo los avances alcanzados en el proceso, debido a que otros exfuncionarios sí fueron enviados a juicio de fondo.
Blanco destacó que el principal imputado del caso, el exministro de Hacienda Donald Guerrero, continuará enfrentando el proceso judicial, al igual que la mayoría de los acusados incluidos en el expediente.
Al referirse a la decisión emitida por la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, indicó que, aunque se han registrado avances importantes en el proceso, estos continúan siendo parciales.
Recordó que desde el inicio de las investigaciones se conocía que había más personas involucradas en el entramado objeto de investigación, pero finalmente la magistrada dictó auto de no ha lugar a favor de Castillo y Peralta.
Asimismo, señaló que el Ministerio Público anunció que apelará la decisión, una acción que, a su juicio, está dentro de sus facultades como representante de la sociedad dominicana.
La jueza Altagracia Ramírez dictó el pasado viernes un auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta al concluir que no existía responsabilidad penal en su contra y que las pruebas presentadas no justificaban la apertura de un juicio de fondo.
En la misma decisión, la magistrada ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero, al considerar que los señalamientos formulados por el Ministerio Público deben ser conocidos en una nueva etapa del proceso.
Junto a Guerrero también fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Piccirilo.