La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que mantiene operativos en los centros penitenciarios del país para evitar el ingreso de drogas, alcohol, teléfonos celulares y otros artículos no autorizados.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó que continúa reforzando las requisas y controles en los centros penitenciarios, luego de ocupar teléfonos celulares y otros objetos prohibidos a cinco privados de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.
La institución señaló que el Operativo Nacional para la Erradicación de Ilícitos se desarrolla de manera permanente en las cárceles del país y contempla acciones contra las personas que intenten introducir artículos o sustancias prohibidas a los centros penitenciarios.
La DGSPC advirtió que tanto familiares y abogados de los privados de libertad como miembros del personal penitenciario podrían ser sometidos a la justicia si son sorprendidos participando en el ingreso de objetos o sustancias ilícitas.
De acuerdo con la institución, mediante los controles implementados se ha logrado detectar e impedir la entrada de drogas, bebidas alcohólicas, celulares y otros artículos destinados a los internos.
En un comunicado, la DGSPC indicó que las personas involucradas en este tipo de acciones son remitidas a las autoridades correspondientes. La medida también alcanza a empleados penitenciarios que sean identificados como cómplices, como ocurrió recientemente en un centro penitenciario de Montecristi.
Entre los privados de libertad involucrados en el caso de Las Parras figuran Ángel David Medina Paredes (Guindo), Rafi de León, Freddy Manuel Thompson, Fraudy Antonio Castillo y Jairo Amparo, este último de reciente ingreso al centro.
Según la DGSPC, durante las requisas se les ocuparon teléfonos celulares y otros objetos cuyo ingreso no está permitido en el recinto penitenciario.
Como consecuencia del hallazgo, los cinco permanecerán en celdas de aislamiento individual hasta que la Comisión de Evaluación y Sanción conozca los casos y determine las medidas correspondientes, conforme a los protocolos establecidos.
La institución también informó que se desarrollan investigaciones internas para determinar si hubo participación de personal penitenciario en el ingreso de los artículos ocupados.
La DGSPC recordó además un caso ocurrido en junio pasado, cuando una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a Mercedes Ogando Montero.
La mujer está imputada de intentar introducir sustancias narcóticas al CCR Las Parras. La medida fue dispuesta para ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa las investigaciones relacionadas con el caso.