



El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidió aplazar para el lunes 30 de marzo la continuación de la audiencia preliminar en el caso conocido como operación Camaleón, en el que están implicados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros acusados. La suspensión se produjo tras acoger un pedimento de la defensa del imputado Mariano Gustini, quien no pudo asistir por motivos de salud debidamente certificados.
La jueza Yanibet Rivas explicó que el tribunal recibió la documentación médica formal, enviada a través del abogado del imputado, Mario Aguilera, la cual incluía diagnóstico, evaluación clínica, membrete institucional, sello y número de exequátur. Considerando que estas certificaciones cumplen con los requisitos legales, la magistrada determinó que la ausencia estaba justificada y procedió a reprogramar la sesión para las 9:00 a.m., manteniendo la misma agenda procesal.
El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), busca que se dicte auto de apertura a juicio contra 10 personas físicas y siete empresas involucradas, entre ellas Aurix S.A.S., Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., señaladas como parte del entramado de corrupción.
Según la acusación, los principales imputados, junto a estas entidades comerciales, habrían operado una red que obtuvo contratos irregulares, incluyendo el sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, desviando más de 1,300 millones de pesos y realizando presuntas operaciones de lavado de activos, vulnerando principios de transparencia, legalidad administrativa y seguridad tecnológica.
La audiencia se desarrolló sin mayores incidentes y se espera que el lunes continúe con la presentación de los argumentos de las partes involucradas, manteniendo la atención del país sobre este caso de alto perfil que involucra tanto a funcionarios como a empresarios vinculados a la administración pública.