Abogado advierte el país no está preparado para modificar la cesantía y cuestiona al MP

El abogado Víctor Eddy Mateo consideró que la República Dominicana no está preparada, en la actual coyuntura, para incluir una modificación al régimen de cesantía dentro de la reforma laboral, debido a las complicaciones que, según afirmó, se han presentado durante el debate en la Cámara de Diputados.

Durante su participación en El Sol de la Mañana, Mateo sostuvo que el tema debe ser tratado con mayor prudencia y consenso, porque toca directamente la estabilidad de los trabajadores, la estructura de las empresas y el funcionamiento del sistema de seguridad social.

“Al momento, al día de hoy, eso trae problemas”, expresó el jurista, al señalar que la discusión no debe avanzar sin que antes se defina con claridad el modelo que más conviene al país.

Plantea un acuerdo nacional

Mateo explicó que existen dos grandes modelos en materia de cesantía. Uno es el que actualmente aplica República Dominicana, establecido en el Código de Trabajo, que contempla una indemnización cuando se produce el desahucio laboral. El otro es el modelo de seguro de desempleo, utilizado en países como Chile y Brasil, mediante el cual el trabajador acumula recursos para disponer de ellos en caso de perder su empleo.

El abogado dijo que no busca alinearse de manera absoluta con el sector empresarial ni con el sindical, pero insistió en que el país necesita una salida seria, técnica y consensuada.

“Yo pienso que aquí hay que sentarse seriamente todas las fuerzas vivas de la nación y ponernos de acuerdo en un modelo de manera específica”, manifestó.

A su juicio, cualquier modificación debe tomar en cuenta la informalidad laboral, los distintos tipos de empresas, los salarios mínimos y las debilidades del sistema de seguridad social. Señaló que, con un sistema todavía ineficiente y sin un fondo de desempleo plenamente estructurado, eliminar o transformar la cesantía podría generar incertidumbre para los trabajadores.

Mateo recordó que la reforma laboral planteada inicialmente por el presidente Luis Abinader en 2021 no tocaba la cesantía, sino que buscaba modernizar el Código de Trabajo, adecuarlo a la Constitución de 2010 y agilizar los procesos judiciales en materia laboral. Sin embargo, afirmó que el debate posterior incorporó elementos que han complicado el panorama.

Cuestiona discusión en la Cámara de Diputados

El jurista indicó que las modificaciones introducidas o discutidas en la Cámara de Diputados han generado mayores preocupaciones, especialmente por la clasificación de las empresas y los distintos niveles salariales.

También recordó que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha planteado que la cesantía no sería tocada directamente en el Código de Trabajo, sino que podría abordarse en el marco de la Ley 87-01 de Seguridad Social.

Mateo explicó que esa legislación contempla una figura relacionada con la cesantía por edad, vinculada a trabajadores de 57 años y 300 cotizaciones, pero afirmó que ese mecanismo nunca entró realmente en vigor.

En ese contexto, sostuvo que el país debe decidir si mantiene el modelo actual de indemnización laboral o si transita hacia un verdadero seguro de desempleo, pero advirtió que esa decisión no puede tomarse sin garantías suficientes para los trabajadores.

Crítica a Wilson Camacho y al manejo de la justicia

En otro tema, Víctor Eddy Mateo criticó al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, por sus declaraciones sobre una decisión judicial que, según el abogado, habría sido calificada como un elemento de la “jurisprudencia de la corrupción”.

• Mateo calificó esas expresiones como una “falta de respeto total al sistema de justicia”, del cual también forma parte el Ministerio Público.

El abogado sostuvo que, si el órgano persecutor cuestiona al sistema judicial cuando una decisión no le favorece, también debe revisar la forma en que ha construido y presentado sus expedientes.

A su entender, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar, sustentar pruebas y determinar cuándo una acusación puede sostenerse. Señaló que no basta con presentar expedientes voluminosos si luego no se logra probar adecuadamente lo imputado.

Advierte sobre el uso político de procesos judiciales

Mateo también se refirió al concepto de lawfare, o guerra jurídica, que definió como el uso del aparato judicial para inhabilitar o sacar de circulación a figuras públicas o políticas.

• Afirmó que algunos expedientes de corrupción administrativa se han ido debilitando en los tribunales, lo que, según dijo, representa una derrota para el Ministerio Público.

El jurista sostuvo que las autoridades deben rendir cuentas por los recursos públicos invertidos en investigaciones y procesos judiciales que no logran avanzar. Consideró que cuando se elaboran expedientes de miles de páginas sin suficiente sustento probatorio, se afecta el tiempo de los procesos, se sobrecarga a los jueces y se debilita la confianza institucional.

• Mateo insistió en que el Ministerio Público puede defender sus actuaciones, pero sin desacreditar a los jueces ni comprometer la credibilidad del sistema de justicia.