El Senado de la República dio luz verde en primera lectura a un proyecto de ley que permitiría al Estado pagar deudas acumuladas con contratistas por obras ejecutadas en años anteriores.
La propuesta fue aprobada con 19 votos a favor y seis en contra, luego de ser leída en su totalidad en el hemiciclo, y plantea la creación de un mecanismo para revisar y validar reclamaciones que en algunos casos se remontan a 1996.
La pieza legislativa sustituye una versión aprobada a inicios de 2026 que fue observada por el Poder Ejecutivo. En esa ocasión, se cuestionó la falta de claridad sobre quiénes serían los beneficiarios y de dónde provendrían los recursos para cubrir los pagos.
A diferencia de ese planteamiento anterior, que incluía un listado cerrado de 571 acreedores con montos específicos, la nueva iniciativa propone la conformación de una comisión que evaluará cada caso antes de autorizar cualquier desembolso.
El nuevo enfoque busca establecer un proceso de verificación más riguroso, que permita determinar la legitimidad de las deudas reclamadas, incluyendo aquellas de contratistas que aún no han recibido pago o que fallecieron sin cobrar.
Según lo aprobado, esta comisión tendría la responsabilidad de confirmar la documentación y condiciones de cada obra, independientemente de si existió o no un contrato formal en su momento.
Para convertirse en ley, el proyecto aún debe ser aprobado en una segunda lectura en el Senado antes de continuar su curso legislativo.