La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional inició este lunes la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra 25 personas vinculadas al caso denominado SeNaSa 2.0, una investigación en la que el Ministerio Público acusa a una presunta estructura de defraudar al Seguro Nacional de Salud mediante maniobras fraudulentas.
Entre los imputados figuran 21 médicos y cuatro exempleados de SeNaSa, quienes fueron trasladados bajo custodia policial desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta el tribunal donde se desarrolla la audiencia.
La acusación preliminar establece que el grupo habría utilizado información privilegiada y conocimientos sobre los protocolos internos de la aseguradora estatal para gestionar autorizaciones médicas presuntamente irregulares y obtener recursos públicos de manera fraudulenta.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, los investigados habrían accedido a bases de datos de afiliados y planes de salud de SeNaSa para generar solicitudes de servicios médicos que, de acuerdo con la acusación, no correspondían a procedimientos realizados.
El órgano persecutor también señala que algunos involucrados habrían utilizado identidades falsas al comunicarse con el centro de atención telefónica de SeNaSa para solicitar autorizaciones médicas.
La investigación está encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En esta segunda fase del caso, la Pepca atribuye a Angeury Guzmán Vásquez, exempleado del área de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, ser quien dirigía la línea investigativa relacionada con un presunto fraude que habría provocado pérdidas superiores a RD$41 millones. Guzmán Vásquez fue arrestado en abril de este año cuando intentaba viajar hacia Estados Unidos.
El expediente incluye además a médicos de distintas especialidades: ocho cirujanos generales, ocho ginecoobstetras, cuatro ortopedas y un internista, junto a otros colaboradores del seguro estatal.
Durante la audiencia, el Ministerio Público deberá presentar los elementos que sustentan su solicitud de coerción, mientras los imputados podrán ejercer su derecho de defensa. No obstante, abogados de algunos encartados han planteado la posibilidad de solicitar un aplazamiento para estudiar con mayor profundidad el documento acusatorio.
El caso SeNaSa 2.0 forma parte de una investigación más amplia. En una primera etapa, el Ministerio Público señaló al exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim, junto a otros vinculados, dentro de una presunta red que habría manejado recursos millonarios de la institución.