Mientras el Estado amplía su red de asistencia social para aliviar las dificultades económicas de miles de familias, los datos también plantean una pregunta de fondo: ¿por qué una proporción tan alta de hogares necesita ese apoyo para sostenerse?
El Informe Básico ENHOGAR-MICS 2025 revela que el 45.6% de los hogares dominicanos recibió algún tipo de transferencia o subsidio estatal durante el último año. Programas como Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz alcanzan a millones de personas, con una cobertura aún mayor en las zonas rurales y en los hogares encabezados por mujeres.
Sin embargo, esta realidad convive con otro dato que ayuda a explicar esa dependencia. Un informe de la firma EY ubica a República Dominicana entre los países con los salarios promedio más bajos en las zonas francas de América Latina. Con una remuneración mensual de apenas US$382, el país se encuentra muy por debajo del promedio regional de US$1,127.
Se abre un debate sobre el modelo de desarrollo. Por un lado, el Estado destina recursos para mitigar las necesidades de casi la mitad de los hogares del país; por otro, impulsa un esquema productivo cuya competitividad descansa, en parte, en costos laborales relativamente bajos. Así, mientras una política pública intenta aliviar las consecuencias, otra contribuye a mantener las condiciones que hacen necesarias esas ayudas.
El desafío, entonces, no es solo ampliar la cobertura de los programas sociales, sino avanzar hacia un modelo económico capaz de generar empleos con ingresos suficientes para que cada vez menos familias dependan de subsidios para cubrir sus necesidades básicas.