La subasta pública de 80,000 kilogramos de aguacates embargados en una finca de San José de Ocoa fue suspendida luego de comprobarse que más del 90 % de la producción había sido cosechada, según informó el abogado Gerson González, representante de la empresa acreedora.
La venta estaba programada para el domingo 8 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, en el Mercado Público de San José de Ocoa, como parte de un proceso de embargo para recuperar una deuda millonaria.
González explicó que la decisión de suspender el procedimiento fue tomada voluntariamente después de una inspección en la propiedad, donde determinaron que la mayor parte de los frutos que serían subastados ya no se encontraba en los árboles.
«Cuando se hizo la comprobación en el terreno, antes de hacer la venta pública subasta, se determinó que el producto que había sido embargado, más de un 90 % había sido retirado de las ramas», manifestó el jurista.
Ante esta situación, los representantes legales levantaron un acta de carencia para dejar constancia de la ausencia de los aguacates y notificaron al tribunal la suspensión de la subasta.
De acuerdo con un reportaje de Diario Libre, durante una visita a la finca ubicada en la sección La Horma, municipio de Sabana Larga, periodistas encontraron una cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores que realizaba labores de cosecha.
En el lugar también observaron canastos llenos de aguacates y un camión que estaba siendo cargado con la producción, mientras algunos árboles todavía conservaban frutos.
El abogado indicó que el embargo correspondía a aguacates de la variedad Hass, aunque en la propiedad también se cultiva la variedad Carla, cuya cosecha está prevista alrededor de marzo.
El embargo fue promovido por la empresa MEGFI, E.I.R.L., para recuperar una deuda atribuida al productor Luis Ruiz Fuente, cuyo monto inicial reclamado ascendía a RD$5,253,660.
Sin embargo, González aseguró que la obligación económica con su cliente se aproxima a los RD$10 millones, incluyendo capital e intereses.
A este proceso se suma la intervención del Banco Agrícola, institución que, según el abogado, también mantiene una reclamación económica respaldada por la misma producción de aguacates.
El jurista también cuestionó un documento relacionado con la entrega voluntaria del inmueble a otro acreedor, alegando posibles irregularidades en la fecha y el lugar de su firma, señalamientos que no han sido confirmados judicialmente.