La Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas (Fedelucd) presentó una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 318 de la Ley núm. 74-25, que establece el nuevo Código Penal y cuya entrada en vigencia está prevista para el próximo 3 de agosto.
La organización, representada legalmente por el abogado constitucionalista Francisco Núñez Cáceres, solicita que sea declarada inconstitucional la disposición que sanciona el uso público de uniformes, insignias, documentos distintivos o vehículos similares a los reservados para autoridades públicas, cuando no tengan una finalidad cultural o artística.
El artículo 318 contempla sanciones de dos a tres años de prisión menor y multas de nueve a quince salarios mínimos del sector público para quienes incurran en esta conducta.
Fedelucd sostiene que la redacción de la norma puede generar interpretaciones arbitrarias, debido a que considera que no define con suficiente precisión los límites entre el uso legítimo de elementos institucionales y una posible usurpación de funciones públicas.
En la instancia depositada ante el Tribunal Constitucional, la federación argumenta que la disposición vulnera derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de asociación, el principio de legalidad y la seguridad jurídica establecidos en la Constitución dominicana.
La entidad explicó que utiliza uniformes con logos institucionales, colores distintivos y elementos como la Bandera Nacional durante sus operativos, una práctica que considera amparada por su naturaleza jurídica y por la Ley núm. 122-05 sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro.
Como parte de su solicitud, Fedelucd pidió al Tribunal Constitucional admitir la acción, declarar la inconstitucionalidad del artículo 318, retirar la disposición del ordenamiento jurídico y reconocer la legalidad del uso de sus uniformes institucionales.
Asimismo, solicitó un plazo de 15 días para depositar los estatutos certificados aprobados por la Procuraduría General de la República, en los que, según indicó, se establecen los grados internos de la institución conforme a la Ley 122-05.