El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó este jueves la prisión preventiva contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros cuatro imputados en el caso de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), investigado por el Ministerio Público mediante la Operación Cobra.
La decisión también mantiene la medida de coerción contra Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, señalados como integrantes de la estructura que habría desfalcado a la aseguradora estatal con miles de millones de pesos.
Sin embargo, el tribunal varió la medida impuesta a Rafael Luis Martínez Hazim, quien, por una condición médica presentada por su defensa, pasará a cumplir arresto domiciliario con dispositivo electrónico. Además, deberá pagar una garantía económica de 15 millones de pesos mediante una aseguradora y tendrá impedimento de salida del país.
Durante la audiencia, el equipo del Ministerio Público estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña.
Camacho solicitó rechazar los pedimentos de la defensa para modificar las medidas de coerción y sostuvo que no existían elementos que justificaran una variación. También se opuso a que se aplazara o desglosara la revisión obligatoria, al considerar que esta podía conocerse sin esperar la audiencia de apelación prevista para el martes 10 de noviembre.
El juez Deiby Timoteo Peguero acogió la posición del órgano acusador y declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa. En sus motivaciones, tomó en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos a los procesados, el peligro de fuga y el perjuicio económico causado al Estado y a la sociedad.
El magistrado también señaló que persisten las razones que dieron origen a la prisión preventiva de Santiago Hazim, Gustavo Messina y Germán Robles. La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el próximo 26 de noviembre.
La medida de coerción había sido ratificada anteriormente, en agosto pasado. Por este expediente también figura como imputada Ada Ledesma Ubiera, quien cumple arresto domiciliario.
El proceso judicial, derivado de la Operación Cobra, incluye además a Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes tienen medidas de arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país. Asimismo, Ángel Luis Guzmán Vásquez cumple 18 meses de prisión preventiva, ratificados el pasado 30 de julio por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, la estructura habría operado mediante sobornos, alteración de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico y otras maniobras fraudulentas para distraer recursos de SeNaSa.
A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos.
El órgano acusador sostiene que el esquema habría sido organizado desde la dirección ejecutiva de la aseguradora estatal, con la participación de funcionarios y prestadores de servicios de salud, en perjuicio de los afiliados y del patrimonio público.
Como parte de las investigaciones relacionadas con el caso, el Ministerio Público también ejecutó en junio la Operación Onco14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas señaladas por presuntas maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao y SeNaSa.
Entre los detenidos figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del patronato y miembro de la junta directiva del instituto; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
Asimismo, en septiembre pasado el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, proceso en el que fueron impuestas medidas de coerción a 24 personas, incluidos varios médicos.