El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó la terminación de la concesión minera otorgada a Falconbridge Dominicana (Falcondo) para la explotación de los yacimientos de Quisqueya I, luego de establecer que la empresa incumplió obligaciones relacionadas con sus operaciones.
La decisión fue emitida por la Segunda Sala del TSA, que acogió una solicitud presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) en representación del Estado dominicano, y dejó sin efecto los contratos de concesión firmados en 1956 y 1969.
Para el TSA, la falta de actividad minera afectaba el interés general relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales del país, por lo que consideró que las faltas tenían la gravedad suficiente para justificar la terminación de los contratos.
La paralización de las operaciones tuvo efectos económicos en la provincia Monseñor Nouel, donde más de 900 trabajadores fueron desvinculados en 2024 y sectores empresariales han advertido sobre la reducción de la actividad económica asociada a la minera.