La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por San José de Ocoa, Elida Yalis Soto Mordán (Yalis Soto), explicó este miércoles en El Sol de la Mañana los principales alcances del proyecto de ley de Educación Inclusiva que sometió en la Cámara de Diputados, iniciativa que procura ampliar las garantías educativas para niños y jóvenes con distintas condiciones y discapacidades.
Soto sostuvo que el proyecto parte del principio constitucional de que el derecho a la educación corresponde a todas las personas, sin distinción, y que su objetivo es evitar que los estudiantes con condiciones especiales sean segregados del sistema educativo regular.
La legisladora destacó como uno de los ejes centrales la intervención temprana entre los cero y cinco años, etapa en la que plantea que el Estado debe identificar necesidades y ofrecer herramientas que permitan al niño desarrollar al máximo sus capacidades.
“Esta ley contempla que de cero a 5 años el Estado debe de intervenir temprano a un niño con cualquier condición. No estamos hablando solo de autismo, porque yo no estoy legislando ni por pasión ni por diagnóstico. Estamos legislando por la Constitución”, afirmó Soto.
Según explicó, esa intervención debe realizarse mediante equipos multidisciplinarios capaces de desplazarse hasta los lugares donde se encuentran los niños, incluyendo sus hogares, centros del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y otras instituciones.
“La ayuda” debe moverse hasta donde se encuentra el niño y no obligar al menor y a su familia a desplazarse constantemente para recibirla, señaló al explicar el enfoque del proyecto.
Soto enfatizó que Educación Inclusiva no significa separar a los estudiantes con discapacidad o condiciones especiales en centros aislados.
“Inclusión no es aparte”, manifestó, al señalar que los niños aprenden también mediante la interacción con otros estudiantes y que segregarlos dificulta precisamente el proceso de integración que pretende fomentar la iniciativa.
Entre las herramientas planteadas mencionó la presencia de maestros de educación regular y educación especial dentro de una misma aula, además de los denominados maestros sombra, que acompañan individualmente a estudiantes que requieren apoyo adicional durante su proceso de aprendizaje.
La iniciativa contempla además aumentar las becas y oportunidades de capacitación para docentes, así como aprovechar profesores que ya forman parte del sistema educativo y brindarles formación adicional en educación especial. Soto recordó que los educadores que trabajan con estudiantes que requieren apoyo especializado enfrentan mayores desafíos y, según explicó, la normativa educativa contempla una remuneración diferenciada.
Otro componente del proyecto es la creación de un esquema de atención multidisciplinaria.
Soto explicó que ese equipo podría estar compuesto, dependiendo de las necesidades del estudiante, por los padres, educadores especiales, terapeutas del habla y profesionales de terapia conductual, entre otros especialistas.
Su propuesta contempla que el apoyo iniciado durante la primera infancia pueda extenderse dentro del sistema educativo público desde los cinco hasta los 26 años, permitiendo adaptar las herramientas y el ritmo de aprendizaje a las necesidades particulares de cada estudiante.
Soto señaló que colocar a un niño dentro de una escuela no garantiza por sí mismo la inclusión.
El proyecto plantea que los centros educativos asuman compromisos específicos con el aprendizaje de los estudiantes y que, cuando sea necesario, se realicen modificaciones curriculares para responder a sus capacidades.
“Tenerlo en las escuelas no es lo que vamos; es para que tú le des las herramientas”, manifestó durante la entrevista, al defender que el sistema debe adecuarse a la manera en que cada niño puede aprender.
La legisladora aseguró que la iniciativa ha sido conversada con el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), autoridades del Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Especial. También indicó que el proyecto ha sido presentado al presidente de la República.
El proyecto también contempla la participación activa de los padres y tutores.
Soto sostuvo que las terapias, herramientas educativas y asistencia estatal no deben convertirse en mecanismos para que la familia se desligue del proceso, sino que padres, madres y responsables deben formar parte permanente del desarrollo educativo.
“La familia tiene que estar comprometida y tiene que estar ahí”, expresó.
La diputada argumentó además que una intervención efectiva puede producir beneficios más allá del estudiante, ya que permite que padres —especialmente madres que deben permanecer en sus hogares cuidando niños que requieren atención constante— puedan incorporarse al mercado laboral si sus hijos reciben los apoyos educativos necesarios.
“Aquí todos tenemos que estar comprometidos en la educación de nuestros hijos”, concluyó la legisladora, al insistir en que la responsabilidad debe ser compartida entre el Estado, las escuelas, los docentes y las familias.