El Gobierno de Canadá anunció que mantendrá de manera indefinida la exclusión de las personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental del acceso a la asistencia médica para morir (MAID, por sus siglas en inglés). La decisión modifica los planes que contemplaban permitir esta posibilidad a partir de marzo de 2027.
El ministro de Justicia, Sean Fraser, informó que el Ejecutivo presentará durante este otoño una propuesta para modificar el Código Penal y mantener vigente la restricción, esta vez sin establecer una nueva fecha para revisar su aplicación.
Fraser explicó que entre las razones para mantener la exclusión se encuentran la falta de consenso médico sobre cuándo una enfermedad mental puede considerarse irreversible y las dificultades que todavía existen en algunas comunidades para acceder a servicios de salud mental.
La decisión coincide con una recomendación emitida en junio por un comité parlamentario, que pidió mantener indefinidamente la pausa a la ampliación de la asistencia médica para morir en los casos en que una enfermedad mental sea la única condición médica subyacente.
Actualmente, la legislación canadiense mantiene excluidas de este procedimiento a las personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental. Esta exclusión estaba prevista para finalizar el 17 de marzo de 2027, luego de varios aplazamientos desde que se planteó ampliar la medida.
Al mismo tiempo, el Gobierno canadiense contempla modificar la legislación para permitir solicitudes anticipadas de asistencia médica para morir en determinados casos. La propuesta estaría dirigida a personas diagnosticadas con enfermedades graves e incurables que todavía tienen capacidad para consentir, pero que podrían perderla posteriormente.
Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016 y posteriormente amplió su alcance para incluir a personas cuya muerte natural no fuera razonablemente previsible. Sin embargo, el acceso cuando la enfermedad mental constituye la única condición médica ha permanecido suspendido y ahora el Gobierno busca mantener esa exclusión sin un plazo definido.