A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 36 % de los municipios del país mantiene alertas por la presencia y actuación de grupos armados ilegales, advirtió este miércoles la Defensoría del Pueblo.
En el informe «10 años del Acuerdo de Paz: un compromiso constitucional con las víctimas y los territorios», el organismo independiente describió un panorama de violencia «muy desafiante» y señaló que cinco estructuras disidentes de las FARC tienen presencia en 372 de los 1,103 municipios colombianos, mientras que el Clan del Golfo, considerado la mayor banda criminal del país y con origen paramilitar, opera en 468 localidades.
El documento advierte que, desde el 24 de noviembre de 2016, cuando el Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz en el teatro Colón de Bogotá, han sido asesinados 521 excombatientes.
Asimismo, entre enero de 2016 y junio de 2026 se registraron 1,743 homicidios de personas defensoras de los derechos humanos, según las cifras presentadas por la institución.
La Defensoría sostuvo que la persistencia de la violencia armada constituye uno de los principales obstáculos para implementar el acuerdo, debido a que numerosas comunidades continúan enfrentando amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos, confinamientos y ataques contra sus líderes sociales.
El organismo también alertó sobre el aumento de los desplazamientos forzados y los confinamientos. De acuerdo con sus estadísticas, las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 12,841 en 2017 a 107,924 en 2025, mientras que las personas afectadas por confinamientos aumentaron de 18,603 a 128,825 durante el mismo período.
El informe señala que estas situaciones afectan la participación comunitaria, debilitan los procesos organizativos y ponen en riesgo la continuidad de los avances alcanzados con el acuerdo de paz.
En cuanto al proceso de reincorporación, el documento indica que 10,943 personas permanecen vinculadas, equivalentes al 76 % de quienes fueron acreditados como integrantes de las FARC al momento de su desmovilización, en noviembre de 2016.
Entre los avances identificados figuran los progresos en educación, salud, proyectos productivos, acceso a tierras y participación comunitaria. Cerca de 7,000 firmantes de paz han completado el bachillerato, mientras que el 99 % está afiliado al sistema de salud. Además, se han desarrollado 6,206 proyectos productivos individuales y colectivos.
No obstante, la seguridad continúa siendo uno de los principales desafíos, debido a los asesinatos de antiguos combatientes.
La Defensoría también señaló que el 86 % de los firmantes de paz reside fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde fueron concentrados temporalmente después de la desmovilización. Esta dispersión, explicó, dificulta la prestación de servicios, el desarrollo de proyectos y la aplicación de medidas de protección.
Ante este panorama, el organismo pidió al Gobierno garantizar la continuidad del proceso de reincorporación hasta 2031 y advirtió que el cumplimiento del acuerdo requiere estabilidad institucional, financiación, coordinación y evaluación de resultados.
«Los cambios de Gobierno no deben interrumpir los procesos ni debilitar los avances alcanzados. La implementación exige responsabilidades verificables y una perspectiva de largo plazo», concluyó la institución.
El pasado 7 de agosto tomó posesión el presidente Abelardo de la Espriella, quien se ha declarado contrario al acuerdo de paz.