



Una mujer dominicana identificada como Jennifer González figura entre las cinco personas arrestadas en Massachusetts, Estados Unidos, por su presunta participación en una red que organizaba matrimonios fraudulentos con el propósito de facilitar beneficios migratorios a extranjeros. Las autoridades federales informaron que otras seis personas fueron acusadas en relación con el esquema, mientras continúa la investigación.
De acuerdo con los documentos judiciales, González habría coordinado la operación durante más de una década, cobrando entre US$38,000 y US$40,000 por cada matrimonio arreglado. Los fiscales estiman que el esquema habría generado millones de dólares y que se organizaban entre 18 y 20 enlaces fraudulentos por año.
La investigación sostiene que los matrimonios se concertaban para que los clientes presentaran documentos ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y consiguieran un estatus migratorio legal. Según la acusación, González pagaba a ciudadanos estadounidenses para que contrajeran matrimonio con los clientes y participaran en los trámites correspondientes.
Las autoridades también alegan que la presunta coordinadora orientaba a los clientes sobre cómo aparentar que las uniones eran auténticas. Entre las acciones mencionadas en el expediente figuran la apertura de cuentas bancarias conjuntas, la contratación de seguros de vida y la toma de fotografías como pareja. Los documentos indican, además, que algunos clientes realizaban pagos mensuales para mantener los acuerdos.
Según los fiscales, González habría destinado parte de las ganancias a la compra de negocios y propiedades en República Dominicana. Durante la investigación, habría hablado de esas inversiones en conversaciones grabadas por las autoridades. La acusación también señala presuntas irregularidades relacionadas con solicitudes de asistencia alimentaria en Massachusetts.
Además de González, fueron arrestadas Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh y Jessica Tavares. Una sexta acusada, Jaylin Hill, se encuentra cumpliendo una condena estatal por un caso relacionado con armas de fuego, según informó la Fiscalía federal. Las seis personas enfrentan cargos vinculados con fraude matrimonial y conspiración para albergar a extranjeros en situación migratoria irregular.
Las autoridades precisaron que la investigación continúa y que las acusaciones contenidas en los documentos judiciales no constituyen una declaración de culpabilidad. Los señalados conservan la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal.