



La administración del presidente Donald Trump acusó a China de utilizar una red de terceros países para facilitar el ingreso de sus mercancías al mercado estadounidense y evitar los aranceles aplicados directamente a los productos de origen chino. La denuncia está contenida en un informe publicado por la Casa Blanca sobre el llamado transbordo ilegal.
Según el documento, las mercancías que originalmente serían enviadas desde China hacia Estados Unidos son desviadas hacia otras jurisdicciones antes de llegar a su destino final. En esos países, los productos pueden ser sometidos a procesos como reetiquetado, reempaque, ensamblajes menores, refacturación o modificaciones en la documentación para aparentar que tienen un origen diferente.
La Casa Blanca sostiene que esta práctica se intensificó después de que Estados Unidos comenzara a imponer aranceles a productos chinos en 2018. De acuerdo con el informe, las diferencias entre las tarifas aplicadas a China y las establecidas para otros países habrían creado incentivos para utilizar rutas comerciales alternativas antes de introducir las mercancías en territorio estadounidense.
El reporte identifica a más de 40 países y jurisdicciones que, según Washington, presentan distintos niveles de riesgo de ser utilizados como puntos de transbordo. Entre ellos figuran México, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Panamá, además de varias economías de Asia y Europa.
Estados Unidos estima que el volumen anual de mercancías involucradas en estas operaciones podría situarse entre 40,000 y 303,000 millones de dólares. En un escenario considerado central, el Gobierno estadounidense calcula pérdidas de entre 19,000 y 26,000 millones de dólares en ingresos federales y alrededor de 450,000 empleos afectados.
Para enfrentar este mecanismo, la administración estadounidense plantea reforzar la supervisión de las cadenas de suministro y utilizar herramientas tecnológicas para identificar irregularidades en las rutas comerciales, verificar capacidades de producción y detectar posibles inconsistencias en el origen declarado de las mercancías.
El informe también coloca bajo observación a países que cuentan con zonas francas, infraestructura portuaria, instalaciones de almacenamiento, capacidad de ensamblaje o acceso preferencial al mercado estadounidense, debido a que estas condiciones podrían ser aprovechadas para modificar o redireccionar productos antes de su entrada a Estados Unidos.