Errores en formularios migratorios o infracciones de tránsito cometidas años atrás pueden colocar a jóvenes protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en procesos de deportación en Estados Unidos, pese a no tener condenas ni cargos criminales.
Uno de los casos es el de Roberto Navarro Valenzuela, un inmigrante mexicano de 24 años y estudiante de mecánica espacial en la Universidad de Arizona. Navarro enfrenta una audiencia migratoria en septiembre luego de que fuera rechazada su solicitud para regularizar su estatus y obtener la residencia legal mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense.
Una situación similar enfrenta Myndy Valencia Sánchez, inmigrante mexicana de 29 años y beneficiaria de DACA, cuya protección expira en enero próximo.
Valencia recibió una notificación informándole que su caso estaba en proceso de deportación debido a una infracción de tránsito cometida hace más de 15 años por conducir sin licencia.
La joven aseguró que desde entonces obtuvo su licencia de conducir mediante DACA, mantiene un récord de manejo limpio y no ha cometido ningún crimen. Llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años y afirma que regresar a México significaría volver a un país que le resulta desconocido.
El abogado de inmigración Maurice Goldman consideró que ambos casos reflejan las razones que están siendo utilizadas para colocar a personas en procesos de deportación.
Además, otros 658 beneficiarios y solicitantes del programa habían sido puestos bajo custodia, aunque las cifras difieren de otros datos entregados por la misma agencia federal, lo que dificulta determinar la dimensión exacta del fenómeno.