El Gobierno de Irán expresó su rechazo a la recompensa de hasta 20 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos a cambio de información relacionada con su programa nuclear, al considerar que la iniciativa promueve actividades de espionaje y representa una amenaza para la seguridad de sus instalaciones y del personal científico.
La denuncia fue presentada por el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, mediante una carta enviada al secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres; al Consejo de Seguridad y al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. En el documento, el funcionario solicitó que estas instituciones condenen públicamente la medida adoptada por Washington.
Araqchi sostuvo que la propuesta estadounidense incentiva la obtención clandestina de datos sobre instalaciones nucleares, equipos técnicos, materiales y personas vinculadas a las investigaciones científicas de Irán. Además, advirtió que la divulgación de este tipo de información podría exponer a científicos y especialistas a posibles actos de sabotaje, intimidación y otras amenazas contra su integridad.
La recompensa fue anunciada el pasado 7 de noviembre mediante el programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ofrece hasta 20 millones de dólares y la posibilidad de reubicación a quienes suministren información sobre las instalaciones, los equipos y el personal relacionado con el programa nuclear iraní.
Por su parte, el Gobierno estadounidense justificó la iniciativa alegando que Irán no ha cooperado suficientemente con el OIEA, situación que, según Washington, ha dificultado conocer la cantidad de centrifugadoras y otros equipos nucleares que produce y almacena el país asiático.
La controversia se produce en medio de las tensiones entre ambas naciones por las actividades nucleares iraníes y las restricciones internacionales. Mientras Teherán sostiene que mantiene sus compromisos con el Tratado de No Proliferación Nuclear, también reclama garantías para proteger sus instalaciones y personal científico, y exige que los organismos internacionales intervengan ante la iniciativa estadounidense.