Un exjuez de Ecuador fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable por conceder, de manera irregular, un indulto a un preso que cumplía una pena por el delito de delincuencia organizada, informó este martes la Fiscalía.
El Ministerio Público explicó en un comunicado que el ahora exjuez, identificado como Patricio V., concedió en enero de este año un indulto a Miguel Ángel L., pese a que el preso no cumplía con los requisitos expuestos en un decreto ejecutivo firmado en 2021 por el entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023), que fue emitido con el objetivo de reducir el hacinamiento de las cárceles.
Durante la audiencia, la fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria, explicó que el decreto 265 emitido por Lasso "buscaba beneficiar a privados de la libertad que padecían de enfermedades catastróficas o terminales, pero con ciertas exclusiones".
Entre esas exclusiones constaba que el solicitante del indulto no hubiera sido condenado por determinados delitos, como el de delincuencia organizada, que no tuviese otros procesos pendientes y que su sentencia debía estar ejecutoriada.
Sin embargo, el entonces juez, que laboraba en un juzgado de Guayaquil, la ciudad más grande del país, "falló contra la ley expresa al ejecutar el indulto, pues Miguel Ángel L. no tenía sentencia ejecutoriada y había sido condenado dentro de un proceso de delincuencia organizada, en el que esperaba la sustanciación del recurso de apelación", señaló la Fiscalía.
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La fiscal Soria señaló que el juez ya había negado en diciembre de 2024 el indulto al preso, pero "debido a la insistencia del sentenciado, el 15 de enero de 2025 lo concedió, fallando contra una disposición expresa".
También se le impuso una multa de 5,640 dólares y el pago de una reparación integral de 12,000 dólares a favor del Consejo de la Judicatura, que figura como víctima dentro del proceso judicial.
También deberá grabar un video, que será difundido en la página web de esa institución, "en el que explique las consecuencias jurídicas de sus acciones, tomando como ejemplo su propio caso", señaló la Fiscalía.
El decreto ejecutivo 265 fue uno de los cinco derogados el 22 de enero de este año por el presidente Daniel Noboa, quien criticó que los expedientes de las solicitudes de indulto presidencial enmarcadas dentro de esos cinco decretos fuesen evaluadas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la institución del Estado encargada del control y administración de las cárceles.
Noboa señaló en ese entonces que "el indulto presidencial es una facultad discrecional y privativa del presidente de la República", por lo que "ninguna autoridad puede conceder indultos presidenciales, sin cumplir con los requisitos exigidos en la Constitución de la República del Ecuador y la ley".
En esos años, el sistema carcelario de Ecuador enfrentaba una crisis de violencia en sus prisiones, donde fueron asesinados más de 500 presos, la mayoría en una serie de masacres entre bandas criminales rivales.